El colectivo Lambda advirtió ayer de que el auto judicial que obliga a retirar 32 libros de temática LGTBI de 11 institutos de Castelló y del centro Pi Gros supone un atentado contra la labor que se realiza en los institutos y centros educativos valencianos en favor de la normalización de la homosexualidad y la transexualidad entre los estudiantes más jóvenes.
«Estas publicaciones censuradas -afirma el coordinador general de Lambda Fran Fernández- son el muro de contención contra ese movimiento reaccionario de la ultraderecha y de Vox que quiere prohibir estos libros porque saben que la lectura es una herramienta fundamental para normalizar la diversidad sexual entre los adolescentes, y en la sociedad, en general».
Para Fernández, «los agentes más reaccionarios, como la Fundación Abogados Cristianos», que puso la denuncia en el juzgado número 1 de lo contencioso-administrativo de Castelló «quieren controlar las aulas porque así piensan que controlarán a los jóvenes».
Uno de los títulos retirados por la autoridad judicial es No estamos tan bien, de Rubén Serrano, y como explica Fran Fernández, su contenido no puede estar más de actualidad. Los datos del Ministerio de Interior demuestran que los insultos, la discriminación y las agresiones a adolescentes LGTBI siguen más presentes que nunca hoy en día. Así, el Plan Diversia de 2019, editado por Lambda en colaboración con la Generalitat, que recoge una investigación-encuesta realizada por profesores de Florida Universitària no puede estar más vigente, sostiene el portavoz de Lambda.
Un completo estudio trabajó entre 2015 y 2018, con un total de 7365 entrevistas y una población en la que el 83,3 % tenía entre 13 y 16 años. El resultado fue que un 41, 37 % (4 de cada 10 estudiantes) dijo haber presenciado alguna o muchas veces discriminaciones hacia alumnado homosexual en su instituto. De entre los que contestaron a la encuesta, los varones reconocían que han visto a sus compañeros no heterosexuales sufrir insultos cara a cara, por la espalda, ciberinsultos, marginación y agresiones físicas. Además, un 75 % de los alumnos «no consideraba un entorno adecuado los institutos para salir del armario», sobre todo por miedo al rechazo de los demás.
Estos datos, señala Fran Fernández, «hoy han empeorado por la amplificación del mensaje contra la diversidad sexual que abandera la ultraderecha y Vox». Por ejemplo, las cifras del Ministerio de Interior revelan que solo un 20 % de los delitos contra el colectivo LGTBI «se denuncian» mientras que Save The Children ha alertado en sus informes desde 2014 a 2020 de que el 26,7 % de los delitos de odio tuvieron como víctimas a los menores de edad.
Por todo ello, Fran Fernández resalta que Lambda va a continuar con su apoyo a los 32 títulos «censurados» porque no son «ni pornografía ni erotismo». De hecho, son obras que desde «hace más de 10 años hemos recomendado». No en vano, la Diputación de Valencia los subvencionó y «están distribuidos por las bibliotecas municipales y en numerosos centros educativos» como recursos pedagógicos «para normalizar la homosexualidad y la transexualidad».
Por otra parte, las reacciones institucionales contra el auto judicial de la jueza castellonense siguieron produciéndose ayer. El propio presidente de Argentina, Alberto Fernández, lamentó en un tuit que la justicia española, «a instancias de abogados de extrema derecha vinculados a Vox, eliminó de las bibliotecas de las escuelas de una ciudad de la Comunitat Valenciana libros que atienden y promueven el respeto a la diversidad, afectando de ese modo derechos de la población LGBT». Entre los títulos retirados está el del periodista argentino Bruno Bimbi, El fin del armario, explicaba el presidente.
La alcaldesa pide explicaciones
Mientras, la alcaldesa socialista de Castelló Amparo Marco, preguntada sobre este asunto cuando participaba en el Congreso Federal celebrado en Feria València, avanzó que pedirá «explicaciones» a su concejala de Cultura, Verònica Ruiz, de Compromís. Marco pidió prudencia en este tipo de temas y no quiso hacer ninguna valoración ya que no ha visto las obras. El consistorio castellonense sí ha anunciado que alegará contra el polémico auto.
