À Punt no tendrá que ajustarse el cinturón o, al menos, no de manera inmediata. Los problemas con el IVA habían hecho que los recortes sobrevaloran la realidad del ente, aunque esta parece, de momento, evitada. Así, si el problema había llegado por la resolución de la Agencia Tributaria de no devolver el importe correspondiente a la declaración anual de este impuesto (como hacía habitualmente), la solución ha aparecido en el ‘hermano’ valenciano: la Conselleria de Hacienda.
El departamento que dirige Vicent Soler ha asumido a través del FLA (Fondo de Liquidez Autonómico) varias facturas que correspondían al ente público. Estas eran obligaciones que debía pagar en breve À Punt y que, no obstante, su importe lo ha adelantado la conselleria a partir del dinero extra que llega desde la Administración estatal.
Esta es una fórmula relativamente habitual entre las sociedades del sector público que recurren a Hacienda para que adelante alguno de estos vencimientos ante una posible falta de liquidez. Después, desde la conselleria se les abre una cuenta de acreedores que deben ir devolviendo, una vez pasado el primer momento de dificultad económica.
Esto es lo que le ocurría (y ocurre) a À Punt, compañía para la que la no devolución del IVA ha supuesto un duro golpe a sus cuentas de 2021. La entidad pública tenía reflejados en sus cuentas 8 millones de ingresos que correspondían a esta devolución del IVA, un dinero que tras el cambio de criterio realizado en junio por la Agencia Tributaria no llegará.
Desde la Conselleria de Hacienda confirman haber asumido estas facturas a través del FLA de julio del Gobierno y podría repetirse la fórmula en el próximo de noviembre con la pertinente y futura devolución. Sin embargo, no especifican la cantidad adelantada, si se han alcanzado los 8 millones previstos del IVA o si ha sido solamente una parte.
Sea total o parcialmente, el adelanto de estos pagos supone un balón de oxígeno para À Punt al garantizarle liquidez a corto plazo y evitar una de las palabras más temidas en el ente: recortes. Esta era una de las preocupaciones por parte del comité de empresa, no solo por posibles recortes de plantilla, sino también por completar los diferentes planes de inversión así como el pago adecuado a las colaboraciones externas.
«Nos permite respirar un poco», admiten fuentes sindicales al ser preguntados por el asunto. Y aunque señalan que de momento esa posibilidad de recortes inmediata «queda en nada», ponen la mirada ya en el presupuesto de 2022 que comienza a negociarse en el Consejo Rector. En este sentido, indican que la clave estará en si el presupuesto aumenta o disminuye y si se mantiene en vigor la ley del tercio en la que el gasto de personal no puede superar el 33 % del total de las cuentas del ente.
Un presupuesto de 63 millones
En la propuesta del contrato programa del pasado mes de diciembre y que finalmente no fue aprobada por parte de la Generalitat, el órgano rector de la corporación fijaba el total presupuestario para 2022 en 63,1 millones de los que 24,3 millones iban a gasto de plantilla, un 38,5 %. Ese fue el borrador de diciembre que, sin embargo, no contaba con el problema de la devolución del IVA que suponen 8 millones menos de ingresos.
Además de estos ocho millones, la Agencia Tributaria reclama 25 millones de años anteriores, una cantidad que, no obstante, se encuentra en litigio. Según explicaron desde la corporación, hay un recurso pendiente que despejará el futuro presupuestario cuando se resuelva.
La presidenta del Consejo Rector pide ir a las Corts para evitar el cese de sus miembros
La presidenta en funciones del Consejo Rector, Mar Iglesias, ha solicitado comparecer en las Corts para evitar el cese de sus miembros. Según la ley que rige À Punt, si hay una caída del 25 % de los ingresos publicitarios respecto a los previstos se debe producir el cese de quienes lo componen. La corporación tuvo en 2020 1,6 millones de euros de ingresos de los 2,5 esperados. Iglesias explicará los motivos en comisión y en ella se votará su continuidad.
