“¡Miriam se queda! ¡Miriam se queda!”. Los activistas de la PAH dan palmas de alegría porque han evitado que una madre con dos niños de cuatro y un año y medio se quede en la calle. El fondo buitre Global Licata amenazaba con desahuciarla hoy, pese a que la afectada estaba a la espera de entrar en su nueva casa en menos de dos semanas. “No hay derecho a esto, solo pedimos diez días de demora para que pueda coger sus cosas y se vaya, pero el fondo se niega a escucharnos”, ha denunciado Delfina Sánchez, de la PAH.

Miriam tiene las llaves de su nueva vivienda pública de la Entidad Valenciana de Vivienda (EVHA) en el bolsillo, pero todavía no ha dado de alta los suministros. Cobra 600 euros de la Renta Valenciana de Inclusión y necesita 400 para pagar. Pese a todo, el ayuntamiento le ha concedido una ayuda por ese importe que le llegará el día 19 de noviembre, entonces podrá dejar por fin la casa e irse a su nueva vivienda. "No te puedes ir a un piso sin luz ni agua en invierno con dos niños pequeños", denuncia la PAH. Pese a que Miriam iba a dejar la vivienda en 12 días, el fondo mantenía la fecha de desahucio programada para hoy, aunque finalmente se ha pospuesto hasta el día 3 de diciembre gracias a la presión de los activistas que han llegado a un acuerdo con el procurador. Mucho antes de esa fecha Miriam habrá dejado el piso libre. "El fondo ha dicho que no se esperaba, que la iban a desahuciar sí o sí", denuncia Sánchez.

El dispositivo policial para el desahucio ha estado compuesto por cinco agentes de la Policía Nacional en un furgón y también varios efectivos de la Policía Local. Por la parte de los activistas, se han concentrado al menos una treintena de personas. El lanzamiento estaba programado para las 11:30 y se ha parado al llegar a un acuerdo con la comisión judicial en a penas 5 minutos. Tras la paralización, José Luis González, portavoz de la PAH, ha dado las gracias a "los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado presentes por defender derechos".

“No hay derecho a esto, solo pedimos diez días de demora para que pueda coger sus cosas y se vaya, pero el fondo se niega a escucharnos”, señala la PAH

Miriam se vio obligada a ocupar el piso hace tres años, a falta de alternativas de vivienda para ella y sus dos niñas, y debido a los alquileres prohibitivos para muchas personas en València. "Pagué para que una persona me metiera ahí porque no me quedaba otra. Por lo menos miré que fuera un piso de un banco porque yo no quiero molestar a nadie, solo quería un techo para mis niñas", cuenta la afectada. Hace un año consiguió acceder a la Renta Valenciana de Inclusión, con una ayuda de 600 euros mensuales para ella y sus hijas. Intentó negociar un alquiler social para la vivienda pero no obtuvo respuesta del fondo. "Ahora por fin puedo respirar tranquila, saber que tengo un techo", cuenta.

Pura Peris, Directora General de Emergencia Habitacional, ha explicado que Miriam tiene el piso adjudicado desde hace un mes, pero no ha podido acceder a falta de la cita para el padrón (día 19).Desde el EVHA han emitido una carta pidiendo paralizar el lanzamiento diciendo que el inmueble no estaba en condiciones habitabilidad. Desde Servicios Sociales también se ha comunicado la situación al juzgado. "Pese a todo el juez no lo ha tenido en cuenta y va adelante con el desalojo", explica Peris

Buitres en el barrio

La de Miriam no es la única familia afectada por los fondos de inversión en el barrio. Narcisa, activista de la PAH residente en la Fuensanta, explica que "llevamos semanas haciendo asambleas y nos llegan siempre decenas de casos muy parecidos al de ella, de personas que han visto como su piso lo ha comprado un fondo y ahora las quieren fuera. Medio barrio está así, amenazado por el mismo fondo", explica.

Tras haber parado el desahucio, González ha denunciado que "está claro que hay gente que ocupa viviendas que no son de su propiedad, pero es obligación de las administraciones cubrir el derecho a la vivienda de las personas, y como no lo hacen pasa lo que pasa. Es el resultado de ver cómo desahucian a familias vulnerables a las que no quieren renovar el alquiler. Esta empresa, pese a que tenía su piso social e iba a dejar este en diez días ha pedido desahuciarla inmediatamente", ha sentenciado.

Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca han criticado la falta de formación en materia de vivienda de muchos abogados de oficio, y han asegurado que están en contacto con el Colegio de Abogados para pedir que se de más formación en esta materia a los letrados. "Los hay muy buenos, que cuando no entienden algún proceso nos piden referencias o documentación, pero otros que no entienden nada de la materia y dejan a la familia a merced del fondo o del banco, totalmente desprotegidos", ha denunciado Delfina Sánchez.

Para finalizar, la PAH ha anunciado una jornada de protesta el día 16 de noviembre en la ciudad de Alicante, a las puertas de un conocido fondo de inversión, gestor de una de las grandes carteras de vivienda de la Comunitat Valenciana.

A la llegada de la comisión judicial Miriam ha salido con su niña de un año y medio en brazos y un nudo en la garganta. Los activistas han entregado toda la documentación que acredita su piso del EVHA y las ayudas del ayuntamiento (algo que ya tenía el juez que autorizó el desahucio) y cinco minutos más tarde estaba firmando la paralización de su desalojo hasta principios de diciembre. Miriam se queda diez días, luego empezará junto a sus niños su nueva vida, por fin, con una vivienda digna.