El Consell ha enviado una carta de alerta a todos los ayuntamientos valencianos y tiene previsto remitir otra a los responsables de las diócesis de València, Orihuela-Alicante, Segorb-Castelló y Tortosa para que activen las medidas oportunas que eviten actos o exaltaciones públicas de cariz franquista. Con el 20N a la vuelta de la esquina, el gobierno valenciano insiste en que el incumplimiento de la ley autonómica de memoria democrática aprobada en 2017 acarrea multas de hasta 10.000 euros.

Una marcha convocada por España 2000 el pasado sábado en València, así como una misa en honor a Franco y Primo de Rivera el próximo jueves en Alicante finalmente suspendida, han llevado a la Conselleria de Calidad Democrática a mover ficha. Desde conselleria se incide además en que contravenir la norma autonómica se considera ilegal e ilícito, lo que acarrea sanciones. En ese punto, recuerdan que el último episodio de carácter fascista hace un año en Benimaclet se saldó con castigos de 4.000 euros a cada uno de los dos detenidos.

Cruz celta y "Cara al sol"

En aquella 'Marcha de las antorchas', que organizó España 2000 el 12 de octubre de 2020, se produjeron "incidentes graves provocando alteraciones de orden público". Se exhibieron banderas preconstitucionales y simbología nazi como la cruz celta y se entonó el 'Cara al sol'.

Pérez Garijo insiste en su escrito a los responsables municipales en "la necesaria colaboración, coordinación y cooperación" entre la Generalitat, las entidades locales y delegación del gobierno para que se cumpla lo establecido. La ley de 2017 regula "la recuperación, protección y conservación de la memoria democrática valenciana, así como el reconocimiento, reparación y garantía de no repetición de las víctimas".

El ejecutivo autonómico insta pues a los consistorios a poner en marcha las actuaciones necesarias "para la prevención y evitación" de actos y homenajes que supongan la exaltación individual o colectiva de la revuelta militar o del franquismo, o la concesión de distinciones a las personas físicas o jurídicas que dieron soporte al golpe militar y la dictadura.