Sole, Ishmael y sus cuatro hijos de 14, 11, 9 y 7 años viven con el terror en el cuerpo. Ahora, dentro de dos horas, de dos días o de dos minutos, la policía y el cerrajero pueden irrumpir en su casa, reventarles la puerta, y dejarlos en la calle. Sin avisar. Cuentan que llevan días sin dormir.
Es lo que le pasó a Carmen, una anciana de 87 años enferma que vivía sola en València, y que no debía ni una cuota de su alquiler. La presión de la PAH en la puerta paralizó su desahucio el pasado día tres de noviembre y la comisión judicial lo dio por suspendido... Pero sin firmar ningún papel. Dos días después, la policía y el cerrajero le reventaron la puerta a Carmen y le cambiaron el bombín aprovechando que no estaba en casa. Se ha quedado sin nada.
Este proceso se llama «desahucio con fecha abierta» y genera dudas sobre su legalidad entre activistas por la vivienda y abogados de la Oficina por el Derecho a la Vivienda, que piden que un juez se pronuncie sobre la legalidad de estas prácticas.
Este lunes la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se concentró a las puertas de la Ciudad de la Justicia de València para denunciar la proliferación de lanzamientos de este tipo. «La comisión judicial últimamente no se acerca si estamos nosotros. Directamente pasa de largo, pero no se digna a cerrar el acta diciendo que se ha suspendido el desahucio para no poner una nueva fecha. Nos miente y nos dice que se ha suspendido, pero no hay nada firmado, y así ocurrió en el caso de Carmen», denuncia Delfina Sánchez, portavoz de la PAH.
Según asegura la plataforma, el servicio común de notificaciones del juzgado se negó a firmar el acta y comunicaron a Sole que su desahucio está en abierto. «Pueden venir cualquier día de la semana a cualquier hora, no podemos permitir que ocurra esto en una casa con cuatro chiquillos», denuncia Sánchez. La PAH se reunió ayer de urgencia a las 13:30 horas con representantes de la Conselleria de Vivienda para tratar este tema.
El sobrevolar de los fondos
Sole lleva días sin pegar ojo. Su pareja, Ishmael, no acudió a la concentración porque en todo momento necesitan tener alguien en casa, por si vienen a desahuciarlos. Cuenta que está de los nervios. «Nos pueden echar de casa sin avisar. No sabemos cuándo pueden venir a abrirnos la puerta», lamenta. En su caso, pese a contar con un informe de vulnerabilidad, cuatro niños en casa, y ser su piso propiedad del fondo de inversión Promontoria Coliseum (propiedad al 80 % de Cerberus) el juez ha decidido seguir adelante con el lanzamiento.
«Pueden venir cualquier día a cualquier hora, no se puede permitir en una casa con cuatro chiquillos», dice la PAH
En su casa ahora mismo solo entra la Renta Valenciana de Inclusión, con la que podían hacerse cargo de su antiguo alquiler. Pero el dueño perdió el piso y pasó a manos de un fondo de inversión, que los quiere fuera y se niega, ni siquiera, a darles una cuenta de banco donde ingresar las cuotas. Se enteró hace dos semanas por una carta. Los alquileres prohibitivos de València les impiden irse a ningún sitio, no tienen ninguna alternativa. «Hemos estado mirando y te piden un contrato fijo y varias nóminas, y no cualquier nómina normal ¿De dónde saco yo eso?», denuncia la afectada.
Sole sigue con la angustia en el cuerpo. Vive en una carrera contrarreloj de papeleo para intentar acceder a cualquier recurso público. No sabe cuánto tiempo le puede quedar en su casa con sus niños. «Es un sinvivir», lamenta.
Interpretación judicial
Los desahucios de fecha abierta son una modalidad poco antes vista en València y que plantea dudas sobre su legalidad. La PAH denuncia que "no están contemplados dentro de la Ley de Enjuiciamiento Civil", pero la realidad es todavía compleja y se trata, más bien, de una interpretación judicial.
Nacho Collado, abogado experto en derecho a la Vivienda de la cooperativa El Rogle y trabajador de la Oficina por el derecho a la Vivienda del ayuntamiento de València explica que "la ley dice claramente que el juzgado tiene que dar la fecha y hora exacta del desahucio". Pero aquí entra la interpretación de las partes.
Barcelona es una de las grandes ciudades de España donde habían empezado a verse este tipo de lanzamientos. "Allí lo que te notifican es 'en estos cinco días vamos a venir a desahuciarte' y se interpreta, de alguna manera, que están dando fecha y hora. Para evitar voluntades externas que impidan la ejecución de la voluntad judicial se hace la fecha más larga", cuenta Collado.
En València el proceso es distinto. "La comisión judicial te dice 'yo he ido en fecha y hora, pero hay algo que me lo ha impedido así que no cierro el acta'", lo que, según interpreta la parte, le habilita para venir en el futuro, según explica el abogado.
"Esto es cuestión de interpretaciones jurídicas. La nuestra es que estas prácticas chocan frontalmente con el derecho a la intimidad de la persona, y que es necesario, como dice la ley, saber la fecha y hora exacta de la actuación, porque de otra manera el choque para la intimidad de la persona es brutal", opina Collado. La interpretación de la otra parte es la siguiente "tenemos que garantizar el cumplimiento de la voluntad judicial".
¿Cuál es la interpretación buena? Collado apuesta por ir a un procedimiento "que un juez se pronuncie sobre este tema para generar jurisprudencia", y añade que "no está tan clara la prevaricación en este asunto".
