Sustento judicial y el mayor consenso posible entre los sectores afectados. Estas son las máximas que están guiando al Consell en el proceso de implantación del pasaporte covid en sectores donde hay mayor peligro de contagio y todo con un objetivo: que la norma vea la luz y se implante sin problemas judiciales previos ni recursos de parte posteriores que puedan echar a perder la iniciativa como ha pasado en otras comunidades autónomas que lo han intentado antes que la valenciana.
El president Ximo Puig insistió ayer en que la Abogacía de la Generalitat estudia la cobertura legal para acelerar este control de acceso en todos aquellos lugares «donde sea razonable» y «en función de lo aconsejen las autoridades científicas» y «determinen los servicios jurídicos del Consell» aunque sin especificar sobre cuáles se está trabajando aunque todo apunta a la hostelería y al ocio nocturno.
Hasta ahora lo que ha trascendido son las reuniones mantenidas por la consellera de Sanidad, Ana Barceló, con los representantes de las patronales de estos dos sectores para abordar la medida que podría retrasarse hasta la semana que viene, según ha podido saber este diario de fuentes internas.
Por parte de estos dos sectores que, en principio, serían los señalados —«espacios cerrados donde estar con mascarilla y distancia es complicado»— parece que no habría por ahora rechazo ni posibilidad de que después llegaran recursos en los tribunales. El presidente de la patronal del ocio nocturno, Fotur, Víctor Pérez, se mostraba ayer «totalmente a favor» de la implantación del certificado covid para acceder a los locales de ocio, ya que «tiene que prevalecer la salud de las personas». Puig insistió en que se quiere «dar la máxima seguridad a las personas» y, de alguna manera, que el pedir este pase sirva de acicate para terminar de convencer a esos 466.847 valencianos sin vacunar.
Tampoco desde la patronal de la hostelería valenciana habría reparos en implantar la iniciativa según las declaraciones realizadas por el presidente de la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia y Conhostur, Manuel Espinar, a este diario. «Estaríamos dispuestos antes que nuevas restricciones de aforo y horarios», aseguraba Espinar algo descartado de nuevo ayer por Puig: «no podemos relajarnos pero no vamos a volver atrás», prometió en la gala anual de Fotur. Espinar ponía, sin embargo, condiciones como tener un sistema informático homologado «para todos, fácil y ágil» con el que poder leer los QR de los certificados covid de forma fácil. En principio, y según fuentes internas, el Consell estaría considerando estas peticiones de consensuar un software para la lectura de los certificados común a todos los implicados y no dejarles «desasistidos» en este apartado.
Despejado el problema de que la norma llegue con el máximo consenso para evitar sorpresas posteriores en forma de recursos ante los tribunales, la iniciativa del Consell podría toparse con otro escollo: que no recibiera el aval previo de los tribunales. Sin un paraguas en forma de ley estatal en el que sustentarse ni estado de alarma proclamado, la Generalitat Valenciana debe pedir el aval previo a los tribunales (en este caso al Tribunal Superior de Justicia) para poner en marcha el pasaporte covid y la experiencia de otras comunidades no es halagüeña.
Ejemplos en Galicia y Andalucía
En Andalucía, por ejemplo, la Junta aprobó el pasaporte covid pero la medida nunca llegó a implantarse ya que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía lo rechazó y no le dio el aval previo necesario. La Junta entonces recurrió ante el Tribunal Supremo pero el Alto Tribunal ratificó lo dicho por el TSJA. Tampoco las iniciativas de Cantabria o Canarias han salido adelante por la posición de sus tribunales superiores.
De hecho, solo Galicia tiene aprobado el pasaporte covid para el ocio nocturno pero antes la norma pasó por un peregrinaje procesal. La Xunta en este caso no pidió el aval judicial previo lo que hizo que la norma quedase sin efecto tras así señalarlo el Tribunal Superior a petición de un recurso de parte.
Solo después de un recurso ante el Tribunal Supremo, se autorizó la medida. El Alto Tribunal argumentó que en Andalucía no se justificó la necesidad de esta medida de forma que el tribunal pudiera avalarla, cosa que sí se hizo en el caso gallego.
