La ley catalana del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista, modificada en 2020 para incluir el maltrato sanitario durante el parto, podría dar al Botànic una solución al atolladero en el que se encuentra a cuenta de la enmienda a la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat sobre violencia obstétrica.
El grupo socialista en las Corts, que firmó la propuesta junto con sus socios de Gobierno, Compromís y Unides Podem, quiere reformularla para contener el descontento en el mundo sanitario. El portavoz del PSPV, Manolo Mata, que ayer llegó a admitir que fue un error firmar la enmienda, ve margen para salvar el acuerdo (sus socios se niegan a retirarla) y evitar así desdecirse con un voto en contra que, además, ahondaría en la imagen de fractura en el tripartito.
Tal como informó ayer este diario, Compromís y Unidas Podemos están dispuestos a negociar el texto, pero quieren que el concepto violencia obstétrica, reconocida por la OMS y la ONU, aparezca en la legislación valenciana y, además, como una forma de violencia de género.
El PSPV, sin embargo, quiere desvincular la mala práxis en el ámbito de atención a las mujeres embarazadas de la violencia de género y sopesa varias fórmulas para rebajar la enmienda pactada. Una de ellas es incluir en el preámbulo de la ley valenciana para de alguna manera desactivarla.
Otra vía es inspirarse en la ley catalana que incluye la violencia obstétrica dentro de un apartado más amplio sobre derechos sexuales y reproductivos y que se centra en los obstáculos para que las mujeres tengan acceso a una información veraz para la toma de decisiones autónomas.
Mientras tanto, el PSPV mostró ayer su posición favorable a que la violencia obstétrica sea incluida en la futura de ley de interrupción del embarazo que impulsa el Ministerio de Igualdad. La proposición no de ley, presentada por Compromís y que será aprobada hoy con los votos del tripartito, fue objeto ayer de un bronco debate en las Corts ya que también abordó la petición de modificar la regulación de la objeción de conciencia del personal médico para hacerlo compatible con el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. El PP y Ciudadanos se opusieron e incidieron en la idea de que se criminaliza a los médicos y Vox sacó toda su artillería verbal antiabortista.
