Sin plan B ni otras medidas restrictivas en el horizonte, al menos por ahora. El Consell lo va a fiar todo al pasaporte covid (pinche aquí para saber cómo descargarse su pasaporte covid) para intentar frenar el repunte de contagios de coronavirus registrado desde octubre y que ha duplicado el número de casos en dos semanas y más a las puertas de un mes repleto de citas sociales y familiares en espacios cerrados, con comida y bebida y por tanto sin mascarilla, el caldo de cultivo óptimo para la propagación del coronavirus.
La intención es que sea necesario estar vacunado o tener una prueba negativa para entrar en restaurantes, discotecas, hospitales o residencias, entre otros ámbitos, desde el puente de la Constitución y hasta pasadas las fiestas navideñas, en un intento de «convivir» con el virus «sin estar dominados por la pandemia», según resumió ayer el president de la Generalitat, Ximo Puig. Todo está ahora, sin embargo, en manos del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Si los magistrados no aceptaran los argumentos del Consell (como ha pasado en el País Vasco), por ahora no existe un plan B, aunque se «evaluaría la situación», y lo mismo pasaría si la situación se desboca en unos días. «Las circunstancias mandan», reconoció Puig.
El Botànic dio ayer el primer paso y, tal como se había anunciado, la comisión interdepartamental aprobó un texto legal para que sea obligatorio presentar este certificado covid para acceder al interior, que no a las terrazas, de bares, restaurantes y locales de ocio, como ya se sabía. En el texto se ha incluido este control de acceso también para ir de visita a dos ámbitos donde están las personas más vulnerables: las residencias y hospitales. Y también para locales de actividades recreativas (como bingos o salas de apuestas); o en eventos o espectáculos musicales, lo que incluye actos sociales como bodas, bautizos y comuniones. Eso sí, los bares y locales más pequeños, con aforos menores a 50 personas, quedan fuera por los problemas que supone el control en estos casos aunque «se apela a la responsabilidad» para que haya en ellos una mayor exigencia del uso de la mascarilla, según pidió Ximo Puig.
Y, habrá que esperar a ver el texto legal pero, en principio, los casales falleros también estarán afectados «si realizan actividades asimilables a la hostelería», el mismo argumento que se usó en su día para reducir el número de comensales por mesa.
Multas por concretar
El dónde ha quedado ya clarificado —y no se prevé ampliarlo a otros ámbitos como cines o teatros— y también el cómo. La Generalitat ha desarrollado una aplicación para móvil de código libre para que los hosteleros o responsables de eventos solo necesiten un móvil para hacer el control de acceso. El cliente tiene que presentar el certificado covid (vale el de vacunación, el de haber pasado la enfermedad o el de prueba negativa) y el DNI para poder pasar y, de no hacerlo, se expone a multas que todavía están por concretar en un decreto-ley.
Confían en los jueces
El siguiente paso es presentar el documento ante el TSJ para que reciba el aval previo de los tribunales, ya que es una medida que recorta derechos individuales y no hay un anclaje legal a nivel estatal ni un estado de alarma en vigor al que acogerse. La confianza de Puig de que se iba a conseguir este aval era total, ya que el tribunal autonómico «ha avalado durante todo este tiempo las posiciones (...) que ha ido adoptando la Generalitat» y, además, «se dará la suficiente argumentación para que el tribunal acepte», aseguró Puig en alusión a la sentencia del Tribunal Supremo que ratificó la norma para Galicia bajo ciertas circunstancias y que para la ministra Carolina Darias era la «llave» a falta de un texto nacional para implantar la medida. «Es proporcional, necesaria y de urgencia», defendió Puig, que insistió en que no hay derecho más fundamental «que el derecho a la vida».
El president espera que la norma entre en vigor para el próximo día 3 ya que tiene un periodo de aplicación de 30 días y se busca que esté en vigor en las fiestas navideñas, incluido Año Nuevo.
Cerco a los no vacunados
El por qué el certificado covid y no otra medida —a hosteleros y empresarios del ocio nocturno se les ha prometido que no habrá más recorte de aforos ni horarios— se basa en ofrecer «espacios seguros» a ese 92 % de valencianos que ya se han vacunado e intentar «convencer y animar» al resto a que den ese paso «responsable y sensato» que ya ha dado la mayoría.
Puig recordó que, aunque las vacunas están siendo muy efectivas contra la enfermedad grave y la muerte por covid (y ahí están las cifras de las últimas semanas) no son esterilizantes y, por tanto, no evitan el contagio ni la transmisión «aunque este riesgo es menor entre los vacunados». Según datos del Ministerio de Sanidad, el riesgo de contagiarse entre los no vacunados aumenta hasta ocho veces, según la edad.
Con todo, hay expertos en Salud Pública que no consideran que esta sea la medida más efectiva para contar la transmisión debido, precisamente, al porcentaje de personas vacunadas: no es lo mismo introducir la medida en un colectivo con un 60 % de vacunados que si ya lo está el 90 %. La parte de convencer a los que han dicho no a la vacuna o, simplemente, no le han dado prioridad a inmunizarse es la que se tendrá que testar en los próximos días. Con datos del ministerio aún quedan 458.872 valencianos sin la pauta completa y 395.390 que no han recibido ni un pinchazo.
Sobre la inmunidad de los espacios que se generen hay además flecos por resolver como el estado vacunal de los trabajadores de restaurantes, cuestión que no se puede abordar. «Es una decisión que debería tomar el gobierno de España», explicó Puig, que apeló a la responsabilidad individual: «asumir la responsabilidad de que puedes contagiar en tu puesto de trabajo es una responsabilidad moral enorme».
