El Síndic de Greuges ha pedido a la Conselleria de Igualtat un informe por las “importantísimas demoras” en el pago de indemnizaciones por responsabilidad patrimonial. En concreto, reclama a la conselleria dirigida por Mónica Oltra un documento en el que expongan “las necesidades materiales y personales que se juzguen necesarias para solucionar la situación de colapso en la tramitación de los expedientes”. Además pide que, sobre la base de esta información, se decida sobre “las medidas adecuadas para el correcto funcionamiento del servicio”. 

Los expedientes de responsabilidad patrimonial implican indemnizaciones por incumplimientos legales de Igualdad y pueden llegar de varias maneras: El pago de las ayudas a familias de personas dependientes que fallecieron sin cobrarlas, las minoraciones o los copagos. Como informó ayer Levante-EMV, Igualdad tiene un atasco de 25.000 expedientes sin resolver. De estos, 14.000 son familias que a día de hoy siguen sin cobrar las ayudas a la dependencia de su pariente fallecido esperándolas. 

En esta queja de oficio enviada por el Síndic a Igualtat se critican varios aspectos que, en opinión de la institución, ralentizan el proceso y provocan que se retrase mucho el pago de las indemnizaciones. El primero de ellos es el hecho de que se interpongan reclamaciones de oficio en procedimientos donde la reclamación ya la han puesto los familiares, lo cual genera duplicidades en la administración, según denuncia el Síndic. El organismo pregunta a conselleria “cuáles son las ventajas de esta forma de actuar y en qué beneficia a la ciudadanía”. 

En este caso, la conselleria ha esgrimido varios argumentos a favor. El primero es que los expedientes de oficio requieren menos trámites y que, por tanto, son más rápidos, porque una vez se tiene constancia de la defunción sin resolución de la ayuda se dicta una resolución y se requiere a los interesados la documentación. El segundo es que los procesos de oficio reducen los requerimientos de papeleo a los interesados, aunque no aclara de qué forma al Síndic.

El Síndic, en respuesta a estas razones, dice que “no puede dar por buenos los argumentos aducidos por la administración” y cita los datos aportados por la propia conselleria según los cuales, de los 11.454 expedientes iniciados de oficio desde 2015, solo se han resuelto 155. El organismo sentencia en su informe que “lo que debe tener presente la administración es la obligación de resolver de manera expresa el procedimiento iniciado por la ciudadanía y hacerlo en el término máximo establecido” (6 meses). 

Sin una aplicación que lo regule 

Otra de las recomendaciones que emite el Síndic a Igualtat es que se instale, con carácter urgente, “una aplicación informática para la gestión de estos expedientes”. En concreto, la institución critica que “resulta sorprendente que la Conselleria de Igualtat y Políticas Inclusivas se encuentre tramitando más de 25.000 expedientes de responsabilidad patrimonial sin un gestor o aplicación informática para hacerlo”. 

Desde conselleria aseguran que es una idea en la que ya estaban trabajando en colaboración con la Dirección General de Tecnologías de la Información de la Conselleria de Hacienda, y el objetivo es crear una aplicación informática “que haga posible el manejo de todos los datos y expedientes a fin de proporcionar más eficacia en su gestión”. 

Otras medidas que propone el Síndic a Igualtat son la modificación de las instrucciones en la página web, que se amplíe la información facilitada a la ciudadanía sobre este procedimiento, que se incluyan todos los conceptos indemnizables y que se nombre expresamente los intereses de las cantidades que Conselleria debería de haber hecho efectivas en vida de la persona dependiente y los prejuicios que habría sufrido el entorno del dependiente.