Estos días ha sido la actriz Verónica Forqué la que habría puesto fin a su vida mientras los expertos animan a hablar abiertamente del suicidio, una cuestión hasta ahora casi tabú. La Comunitat Valenciana contabilizó 450 fallecimientos por esta causa en un año y es la tercera autonomía con más casos, muchos de ellos personas jóvenes, el triple que en accidentes de tráfico.
La salud mental es un problema social de primer orden que se ha visto agravado por la pandemia. Su eclosión a raíz de la covid ha provocado también que entre con fuerza en la escena política. El debate es ya acuciante.
Hay coincidencia entre los partidos políticos en que la respuesta del sistema público a las dolencias psicológicas resulta insuficiente, algo a todas luces evidente. La prueba de fuego para la Administración es responder a una demanda social en aumento.
El pasado mes de abril, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ya anunció el nombramiento del psiquiatra Rafael Tabarés como comisionado en salud mental. Era la respuesta del gobierno valenciano a los problemas causados por la pandemia. El jefe del Consell ya destacó la necesidad de tomar medidas ante los trastornos que la covid provoca en la población. Puig suele poner sobre la mesa la necesidad de reforzar la respuesta ante los problemas de salud mental en las Conferencias de Presidentes a las que asiste.
Reasignar los medios actuales
Pero no solo por la covid. Todos los partidos en las Corts, de todos los colores políticos, han presentado iniciativas para reforzar este servicio público. Esta semana, en la comisión de Sanidad de las Corts se debate una iniciativa de Unides Podem para reforzar el acceso de todas las personas al servicio de atención para prevención del suicidio. La formación morada presentó en octubre un borrador de ley de Salud Mental.
El grupo parlamentario de Compromís trabaja en una propuesta, que aún no tiene cerrada, para impulsar un servicio público de salud mental que funcione como la atención primaria sanitaria, es decir un médico de cabecera para el tema. De forma que se pueden ajustar las ratios y las tarjetas SIP para que cada profesional pueda atender a un determinado número de pacientes con un conocimiento directo sobre ellos. El portavoz de Sanidad, Carles Esteve, señala que la coalición estudia la fórmula para reasignar los recursos en salud mental en función de necesidades.
«Por la infrafinanciación es complicado disponer de más personal -señala Esteve- por lo que la clave está en la eficiencia de recursos y disponer de un especialista que conozca las necesidades de cada paciente; creemos que coordinar la atención sanitaria con la social es una de las asignaturas pendientes que más rédito nos daría con los medios existentes aprovechando que se va a unificar la SIP con una tarjeta social», explica el diputado.
El PSPV también ha presentado diferentes propuestas esta legislatura, hasta cuatro, de los diputados Carmen Martínez, Aroa Mira, Pedro Ruiz y José Chulvi, sobre prevención del suicidio tras el anuncio del president de la creación del comisionado.
Las propuestas también instan al Consell a impulsar el Observatorio Valenciano de Salud Mental, con la participación de universidades, ámbito educativo, servicios sociales, salud pública o personas mayores o sobre la salud mental en jóvenes para actualizar la Estrategia de la juventud.
También sobre los problemas de salud mental en la comunidad científica o para el fomento de los programas de prescripción de actividad física supervisada, lo que se conoce como «receta deportiva». En el debate de Política General, el grupo socialista ya presentó diferentes propuestas de resolución sobre Salud Mental.
Incluso en el pacto de reconstrucción firmado por todos los partidos el verano de 2020 en las Corts también recogía la necesidad de modelos de atención y tratamiento de la salud mental.
Lima: «Un blindaje por ley»
La síndica de Unides Podem, Pilar Lima, asegura que el suicidio es un problema de salud nacional que no dispone de una respuesta adecuada y recuerda que es la principal causa de muerte entre 15 y 29 años. La iniciativa podemista que se debate esta semana pide habilitar, dentro del servicio de prevención al suicidio, la atención vía aplicaciones de mensajería móvil y dotar de más recursos técnicos y humanos el servicio de atención para la prevención.
