La Asamblea Feminista de València se enfrenta hoy a dos juicios por las multas amparadas en la Ley de Seguridad Ciudadana -más conocida como Ley Mordaza- en los piquetes informativos de la huelga del 8M de 2018. En total, el colectivo feminista tiene 20 procesos de sanción de los años 2018 y 2019, cinco de ellos agendados hasta el próximo mes de junio.
Como explica la portavoz de la Asamblea Feminista Irene Molina, el colectivo ya ha pagado alrededor de 7.000 euros de los 11.000 que les reclama la justicia. En total han enfrentado cuatro juicios y los de hoy son el quinto y el sexto. "Nosotras participamos en huelgas feministas legalmente convocadas y nos identificaron de manera aleatoria. A los meses nos empezaron a llegar las multas, 20 en total, agotamos la vía administrativa y ahora hemos llegado a la sala", cuenta Molina. En los dos juicios de hoy se reclaman 1.200 euros en total. Por el momento los siete mil euros de las multas se han pagado gracias a las cajas de resistencia de la asamblea.
Molina denunció el uso de la ley mordaza para aplicar las multas y añadió que "es una ley antidemocrática donde se vulnera el derecho de manifestación, de movilización y de libertad de expresión". Aseguró que "denunciamos de manera firme el principio de veracidad, que dice que la palabra de los agentes prevalece y no se puede contrarrestar, nos encontramos con que no podemos hacer nada con las actas que nos levantó la policía, es un proceso sin garantías".
En concreto, lo que se juzga hoy son los piquetes informativos del barrio de Benimaclet (en València) que se organizaron en el 8 de marzo de 2018. Pese a todo Molina explicó que "no queremos centrarnos en procesos concretos porque pensamos que es una cuestión amplia, que afecta a todo el colectivo y a las identificaciones que fueron de manera súper aleatoria. Han llegado 20 procesos, pero podían haber llegado 40", ha denunciado Molina.
Nueva condena
Al finalizar los juicios, la abogada de las feministas, María Josep Martínez, ha insistido en que en los expedientes policiales "no hay prueba de cargo suficiente que sustente las sanciones". Además, ha remarcado "la carencia de elementos probatorios que evidencien la alteración de la seguridad ciudadana", según reza el comunicado de prensa de la Asamblea.
El movimiento feminista de València recibió un total de 20 multas; once impuestas en 2018, ocho en 2019 y una más por los actos del 25N de ese año. De los tres juicios ya celebrados, solo uno ha tenido una resolución favorable, con una sentencia que condena la "parcialidad" del atestado policial. La sentencia del cuarto juicio, celebrado el pasado 17 de noviembre, también ha condenado a las feministas a pagar la sanción.
Molina apuntó en declaraciones a los medios que "hemos tenido varias reuniones con Delegación del Gobierno y creemos que juegan a un lavado de cara, porque nos han dicho que mirarían de manera detallada los procesos y lo que podían hacer, pero al final estamos en la Ciudad de la Justicia. Tenemos que llegar a juicio con unas cantidades desorbitadas de dinero por una huelga feminista legalmente convocada".
La portavoz feminista sentenció que "no nos escondemos, los piquetes informativos fueron comunicados y públicos, todavía hay vídeos y se puede acceder a las convocatorias. Estamos muy orgullosas de haber participado en la huelga del 8M.
