La Comunitat Valenciana no adoptará más restricciones por coronavirus ante las fiestas que se avecinan. Es una de las conclusiones que quedan tras la conferencia de presidentes autonómicos celebrada esta tarde. No ha habido mandato alguno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en este sentido, más allá de la obligatoriedad de nuevo de las mascarillas en exteriores. Tampoco ha existido un consenso en este sentido entre los mandatarios autonómicos.
Es la línea que el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha defendido en la conferencia de presidentes telemática. Como ha venido argumentando en los últimos días, Puig ha dicho que la situación no es la misma que hace un año y, por tanto, la respuesta no puede ser la de entonces: la limitación de la movilidad social.
El jefe del Consell ha puesto el foco en la aceleración de la revacunación mediante una mayor disponibilidad de dosis. Así, ha anunciado dos medidas para impulsar las terceras dosis de forma exprés durante la Navidad: todo el personal educativo de Infantil, Primaria y Secundaria de la Comunitat Valenciana- vacunado en su día con Astrazeneca- habrá recibido la dosis de refuerzo antes de volver a las aulas el 10 de enero.
Y todos los valencianos mayores de 60 años habrán recibido la dosis de refuerzo antes de final de año.
Puig ha abogado además por favorecer la responsabilidad con una campaña importante de concienciación social. Asimismo, ha defendido la adopción de medidas conjuntas de cara a las fiestas de fin de año. Hay que pactar limitar las fiestas de Nochevieja y los grandes eventos como medida de corresponsabilidad, ha dicho.
A su vez, ha reclamado (como otros presidentes) la activación de un nuevo fondo covid (o un mecanismo similar) ante las urgencias de gasto que implica la sexta ola y el alza de contagios.
Puig ha remarcado asimismo que la vía ante la situación actual ha de ser la “prudencia” desde la “serenidad”, según han indicado fuentes del Ejecutivo valenciano. También ha abogado por persistir en la cogobernanza. Este última petición se alinea con la propuesta lanzada por el presidente del Gobierno de reunir a los responsables autonómicos cada diez días si lo aprueban así.
