El diputado del Partido Popular en las Corts Valencianes José Ciscar anunció ayer por la tarde a través de un comunicado su decisión de abandonar su escaño en el parlamento valenciano para retomar la actividad privada como abogado. Ciscar, era en la actualidad diputado raso, pero en el pasado fue un dirigente clave para entender la historia reciente de este partido. De hecho, su partida viene a cerrar un ciclo marcado por la agonía de la última legislatura en el poder marcada por el estigma de la corrupcion y la larga travesía del desierto en la oposición.

Formó parte del Ejecutivo de Alberto Fabra (el último del PP) como conseller de Educación y, después, como vicepresidente y portavoz del Consell, la etapa más dura de este partido, en la que tuvo que hacer frente a eternas ruedas de prensa con la explosión de casos de corrupción como telón de fondo. De hecho, fue de los pocos que abiertamente abogó por la salida de Rafael Blasco: «Si yo fuera él me iría a casa», dijo cuando el entonces conseller, en el ojo del huracán, se resistía a dejar el cargo.

Fue la etapa también de las dificultades en las cuentas públicas por la falta de liquidez tras las crisis económica, el cierre de Canal 9 y otros episodios nunca aclarados como el del ‘topo’ del Palau, con filtración de papeles comprometedores para el Gobierno de Fabra.

Pero antes de esa legislatura, Ciscar ya tuvo un papel muy destacado en los años de Francisco Camps como líder del partido. De hecho, a él recurrió el expresidente para luchar contra el zaplanismo en Alicante. Císcar acabó tomando el control del partido y siendo un barón provincial con mando en plaza.

La pasada legislatura y pese a haber revalidado el cargo orgánico, Ciscar, un hombre con gran olfato político, dejó el camino libre a Carlos Mazón sin oponer resistencia cuando este comenzó a despuntar y a tener el favor de la dirección nacional para liderar el partido, primero en la provincia, y después a nivel autonómico.

Su aspiración frustrada fue ser presidente de la Diputación de Alicante la pasada legislatura, pero la negativa de Ciudadanos a apoyarle lo impidió. El dirigente alicantino y exalcalde de Teulada fue un apoyo clave para Isabel Bonig cuando esta se hizo con las riendas del partido al pasar a la oposición, pero con el tiempo el exconseller adoptó un perfil más bajo y de hecho, llevaba varios años sin dedicación exclusiva, ya que compaginaba el escaño con su actividad privada. Quizás fue de los primeros en ver claro que llegaba el tiempo de Mazón. Un nuevo proyecto en el que Ciscar no encajaba. Su relación con la secretaria general y portavoz del grupo, Maria José Catalá, nunca fue fluida tampoco.

Valorado por muchos de sus compañeros y compañeras, tanto de dentro del partido como fuera, por su talante dialogante y alejado del sectarismo, Ciscar explicó en un tuit que se marcha de las Corts para reemprender su actividad privada como abogado y tras muchos sacrificios personales.

En su escrito asegura que «en la política no se llega para hacer amigos, pero no es del todo cierto porque puedo presumir de auténticas amistades». También en su adiós tuvo palabras para la oposición: «Gracias también a los que habéis estado enfrente porque enriquecisteis mi pensamiento y ofrecisteis una visión más compleja de la realidad», asegura.

El diputado seguirá como militante raso, pero alejado de la primera línea. Para despedirse eligió una frase del político canadiense Michael Ignatieff: «Los políticos son individuos que reúnen en una misma habitación a personas de un mismo territorio que quieren cosas diferentes, para encontrar lo que comparten y pueden hacer juntos».

Fuentes de su entorno apuntan que Ciscar había tomado ya la decisión hace tiempo pues quería dedicar más tiempo a los suyos. En cualquier caso, Carlos Mazón pierde a un veterano con bagaje y mano izquierda.

El PP malea un informe del Síndic para atacar al Consell con los menores

El PP valenciano ha mordido en el delicado asunto de los abusos sexuales a menores que, por su situación de vulnerabilidad, se encuentran bajo la tutela de la Generalitat y no tiene previsto soltar el bocado. Su estrategia de amplificar el caso de la condena al educador y exmarido de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, por abusar de una menor en un centro residencial (ha llevado la gestión de la conselleria al Parlamento Europeo, el Defensor del Pueblo, a la Sindicatura de Greuges y al Congreso de los Diputados) ha incorporado estos días un informe elaborado por la institución que dirige Ángel Luna con datos facilitados por el propio departamento de Igualdad, según los cuales hay registrados 175 casos sospechosos de abusos sexuales a menores que entre 2020 y 2021 estaban el sistema de protección de la Generalitat.

La resolución responde a una petición de los populares para que el defensor del pueblo valenciano indagara sobre los casos de abusos de menores, aunque, tras pedir una aclaración, la investigación se centró en los protocolos y medidas de la conselleria para prevenir los casos de abusos de menores bajo su tutela.

Luna solicitó información al departamento que dirige Oltra y este le remitió un amplio documento con los protocolos y actuaciones que están en marcha y en el que se incluían datos estadísticos sobre víctimas, así como el lugar y la procedencia de las posibles agresiones. Un documento de 18 páginas con cumplida información a partir del cual el 21 de octubre de 2021, el síndic emitió su resolución. El escrito, que en buena medida se limita a reproducir la información de la conselleria, no puede interpretarse como un varapalo al Consell. Es más, en sus consideraciones el síndic reconoce «los notables esfuerzos» realizados por la conselleria en la dotación de personal y equipos, así como en «generar y adecuar» los protocolos ante los casos así como su comunicación a la fiscalía.

Con todo y ante el incremento de casos de abusos a menores, Luna pide a la conselleria intensificar las medidas para prevención, detención temprana, notificación y atención a las personas víctimas. Su principal recomendación es que el Consell apruebe la Estrategia autonómica de erradicación de la violencia contra la infancia, un documento con medidas concretas que Igualdad aprobó semanas después.

Aunque el escrito lleva meses colgado en la web de la institución, ha sido estos días, coincidiendo con el inicio del curso político y con la polémcia de las menores prostituidas en Madrid que estaban bajo tutela del Gobierno de Ayuso, cuando el PP ha enarbolado este informe como prueba de la mala gestión. Tanto la síndica del grupo popular, Maria José Catalá, a principios de semana, como el presidente del PPCV, Carlos Mazón, han puesto el énfasis en la cifra de los 175 menores y en el hecho de que estos se encuentran bajo la tutela de la Generalitat. El informe detalla que en la mayoría de los casos las agresiones se produjeron fuera del propio centro al ocurrir en la residencia de la víctima o del propio agresor. El informe especifica que ninguno de los abusos fueron cometidos por personal asistencial y que todos los casos (de los que muchas veces se tiene constancia cuando el menor está ya bajo la protección de la Generalitat) fueron comunicados a la Fiscalía tal como marca el protocolo. Detalles que los populares decidieron obviar desde el principio. Ayer Mazón insistía en que se desconocía que había hecho la conselleria ante estos casos.