Vox no ha entrado todavía en el gobierno de Castilla y León, el que podría suponer su estreno en un ejecutivo autonómico, sin embargo, su presencia en las instituciones se deja notar y la Comunitat Valenciana no es ajena. La nueva ordenanza aprobada por el Ayuntamiento de Alicante (oficialmente de Convivencia Cívica y calificada por organizaciones sociales y la oposición como "de la vergüenza") deja claro que el discurso de la extrema derecha condiciona a sus considerados socios y potenciales competidores electorales, PP y Cs.
El pleno de Alicante ha dado este martes su visto bueno con el voto a favor de PP, Cs y Vox a multar con 750 euros dormir en la calle, con hasta 500 euros por el ofrecimiento de servicios o productos que no hayan sido demandados por el usuario, como malabarismos o indicaciones de aparcamiento o con hasta 3.000 por realizar "conductas que, bajo apariencia de mendicidad o de manera organizada, representen actitudes coactivas o de acoso, u obstaculicen e impidan de manera intencionada el libre tránsito de la ciudadanía".
PP y Ciudadanos gobiernan en Alicante con el apoyo externo de Vox, que tenía en esta ordenanza puesto mucho interés en que prosperara y que lo hiciera sin grandes cambios tras sus enmiendas. En las últimas semanas habían llegado hasta el ejecutivo local varias alegaciones de una cuarentena de entidades sociales como Cáritas o Médicos del Mundo. Sin embargo, sus propuestas han sido desestimadas por el bipartito de derechas conocedor de que cualquier modificación podía echar para atrás el voto favorable de Vox, necesario para su aprobación definitiva.
El alcalde Luis Barcala y su equipo de gobierno no solo dependen del partido de derecha radical para esta medida, sino que también requieren al menos su abstención para sacar adelante las cuentas municipales de 2022, todavía sin aprobar y para los que Vox ha puesto la ordenanza como condición. En este sentido, el ejecutivo PP-Cs ha dado el visto bueno a 19 de las 21 enmiendas presentadas a los presupuestos del próximo año.
La norma que multa la mendicidad y la prostitución está basada en la ordenanza que en 2011 aprobó la que fuera alcaldesa del PP, Sonia Castedo, y que posteriormente, con la llegada de PSOE, Compromís y Podemos a la Alcaldía derogaron en 2016. De hecho, los socialistas insisten que habían logrado que se retirara la ordenanza durante un año tras negociar con Cs, pero que en las últimas semanas "se ha dejado vencer por la actitud intolerante de Barcala, que ha preferido echarse en brazos de la extrema derecha de Vox para que le aprueben las cuentas municipales de 2022" .
Las multas que a partir de ahora pondrá en marcha el ayuntamiento a actividades como dar indicaciones para el aparcamiento o a pedir dinero afectan a los colectivos más vulnerables, lo que genera un importante rechazo en la izquierda y las organizaciones sociales. Así, el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, carga contra la medida. indica que "cualquier estigmatización es inhumana" y señala que no puede haber convivencia "basada en la exclusión".
No es la única voz contraria. La oposición en bloque muestra su rechazo a la norma. Para el PSOE, supone una "vergüenza nacional"; para Podemos representa tener una ciudad "más injusta e insolidaria", mientras que desde Compromís ven que traerá una "ciudad más dura y cobarde". No obstante, desde el ejecutivo de derechas insisten en que la medida de las multas es similar a la de València y Barcelona y que las críticas suponen "demagogia".
Contagio en el discurso
El apoyo de PP y Cs a este tipo de medidas entra dentro de lo que los expertos consideran un contagio de la extrema derecha hacia las fuerzas con las que colinda ideológicamente. "Vox roba votos especialmente de PP y Cs y estos partidos intentan copiar sus discursos para reducir la hemorragia hacia este flanco", explica el sociólogo y miembro de la Comarca Científica Pablo Rocamora. No obstante, alerta de que esto se consigue "solo a corto plazo; a largo prefieren la copia al original".
"La extrema derecha tiene un discurso bastante agresivo, con constantes provocaciones que le sirven para marcar la agenda política y logra una sobrerrepresentación de sus debates que logra colar en el día a día", desgrana el experto. De hecho, señala que la ordenanza del Ayuntamiento de Alicante es solo un ejemplo más de este contagio y asunción de postulados cercanos a la ultraderecha.
Así, cita que el PP se ha llegado a abstener en el Parlamento Europeo contra que la violencia machista sea un eurodelito (que se pueda investigar más allá de las fronteras de un país) cuando hasta el ascenso de Vox no se oponían a la ley de violencia de género mientras que también se abstuvieron hacia una moción que alertaba del aumento de la LGTBIfobia en Polonia y Hungría. "Hay veces que ese nivel de influencia es tal que acaba haciendo que ese partido sea irreconocible", indica Rocamora quien apunta al caso del Fidesz, el partido de Victor Orban en Hungría, que ha llegado a ser expulsado del PP europeo y que "tiene todos los ingredientes de ser un partido iliberal".
