Son víctimas de violencia de género y el Consell promoverá que así sea. Así lo anunció este miércoles la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, que presentó 10 acciones para una estrategia abolicionista dentro del trabajo que lleva a cabo el Foro Valenciano para la abolición de la prostitución (un órgano que celebra hoy su primer aniversario).
Concretamente, Bravo señaló las medidas que se llevarán a cabo en consonancia con las competencias de la Generalitat Valenciana y las que trasladarán al Estado Español.
En primer lugar, la Generalitat promoverá con carácter inmediato que a las mujeres prostituidas sean consideradas víctimas de violencia de género. Actualmente, la Ley Integral de Violencia sobre la Mujer sí contempla la trata con fines de explotación sexual como una manifestación de violencia pero no extiende este reconocimiento a todo tipo de prostitución.
"No toda la prostitución viene de la trata"
Carol L. fue captada con 17 años y prostituida durante cuatro años. Celebra las acciones anunciadas por la Generalitat Valenciana. "No toda la prostitución viene de la trata y la ley de Violencia de Género se deja fuera parte de la problemática". Destaca que aunque "todavía podemos añadir más medidas", la prevención y la penalización son dos pasos muy importantes. Pero queda el más grande: aprobar una Ley Integral de Abolición de la Prostitución.
"Trata y prostitución no es lo mismo y eso tiene que reflejarse en la norma para así garantizar el acceso de estas mujeres a todos los derechos y recursos asistenciales que protegen a las víctimas del terrorismo machista", detalló Bravo.
Por otra parte, proporcionarán a los más de 500 ayuntamientos de la Comunitat Valenciana un modelo de ordenanza abolicionista para multar (con hasta 3.000 euros) a los puteros, los que soliciten, negocien o acepten servicios sexuales retribuidos en el ámbito de la localidad, como ya ha hecho, de manera pionera, el pueblo de Albal, en la comarca de l'Horta Sud. Un trabajo que coordinarán de forma conjunta con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP).
El objetivo es reconocer a las víctimas como tal y poner el foco de la abolición en los puteros y los proxenetas. Por eso, además de promover que la administración local multe a quien "consuma" sexo por dinero, la Generalitat emitirá una sanción administrativa a quien regente un establecimiento donde se lleve a cabo la prostitución.
Sanción a propietarios de burdeles "escondidos en hostelería"
Una medida que busca, como detalla la consellera, "perseguir y sancionar a los propietarios de burdeles que se esconden tras fachadas de negocios hosteleros o de ocio". "Esta misma mañana he firmado la resolución de inicio para que se modifique la ley autonómica, lo cual nos permitirá perseguir y sancionar a los proxenetas".
Se modificará, en este sentido, la Ley de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos para incorporar como infracción muy grave permitir o favorecer la explotación de una persona prostituida. La infracción comportará la clausura del local y se extenderá, también, en el caso de que el responsable se haya retirado pero sea otra persona quien solicite la apertura.
Una Ley Integral de la Abolición de la Prostitución
Una de las acciones presentadas hoy es la necesidad de aprobar una Ley Integral para la Abolición de la Prostitución. Por eso, la Generalitat instará al Estado español a que, dentro de los compromisos asumidos en materia de derechos humanos, lleve a cabo esta norma que persiga el proxenetismo en todas sus formas, penalice la demanda y compra de sexo de cualquier naturaleza y proteja a todas las víctimas. Además, la Generalitat pedirá la modificación de la Ley de Extranjería para regularizar a las mujeres en prostitución que no tengan su situación administrativa regularizada y para que se elimine el requisito de colaboración de la víctima en una investigación para acceder al retorno asistido o regularización.
Además, con la reforma de esta ley también se prohibirán las actividades que fomenten o inciten a la prostitución y se multará la publicidad sobre los locales. No solo se penalizará la demanda de prostitución tanto en locales y establecimientos públicos, sino que también se modificará la norma de carreteras, competencia de la Generalitat, para prohibir la demanda de sexo pagado en las carreteras públicas valencianas.
Reparación y acompañamiento de las víctimas
Las medidas punitivas irán acompañadas, tal como ha anunciado Bravo, de un sistema de acompañamiento y reparación para facilitar que las mujeres prostituidas puedan empezar una nueva vida.
En este sentido, piden el aumento del parque público de vivienda y que estas mujeres tengan prioridad en el acceso a una casa. Además, se reforzarán los recursos formativos para garantizar salidas laborales para las víctimas de violencia machista. Por último, se fomentará el programa ALBA de la Generalitat Valenciana para apoyar la recuperación de las víctimas.
Colocados todos los puntos sobre las íes queda una acción. La primera y la que no depende de la Generalitat, pero a la que el gobierno autonómico insta al español a llevar a cabo. Crear una Ley Integral para la Abolición de la Prostitución que proteja a las mujeres y prohíba el proxenetismo en todas sus formas. La Comunitat Valenciana ha presentado unas medidas pioneras que esperan que se reproduzcan en todo el Estado. La aspiración: que dentro de un tiempo los jóvenes se pregunten "¿cómo era posible que existiese la prostitución?".
