Más de 200 colegios de toda la Comunitat Valenciana deciden este curso qué jornada escolar tendrán a partir de 2022-23, en unas consultas a las familias que no se veían desde la primavera de 2019 ya que, posteriormente, la Conselleria de Educación inició una remodelación de la normativa que se paralizó en 2020 por la pandemia y que, tras una pausa, finalmente se publicó a finales del pasado febrero.
Las votaciones tuvieron lugar ayer en 203 centros, la gran mayoría públicos. Las familias de 202 colegios votaron si implantar el horario de jornada continua, y solo uno (el centro concertado de Gilet) debía decidir una nueva modalidad ofertada por Educación: la jornada mixta o flexible (con varias tardes libres a la semana). A estos, hoy se sumará un colegio más, de Alberic, también autorizado pero que no votó ayer por ser festivo local. Mañana, la conselleria ofrecerá los datos oficiales.
Ayer, la jornada transcurrió «sin incidentes», según la conselleria, aunque no exenta de cierta polémica, pues tanto los equipos directivos de los centros educativos como las ampa y algún sindicato ya habían criticado ciertos puntos del procedimiento.
En el CEIP 8 de Març de València las urnas estuvieron en el patio desde las 9:00 hasta las 19:00 horas, el máximo de 10 horas permitido. María Cervera, miembro del consejo escolar, y Yolanda Canthari, tesorera del AFA de la escuela, explicaban a Levante-EMV que, a mediodía, la jornada transcurría «más participativa» de lo que esperaban.
«Ha sido más fuerte a primera hora y después, un goteo durante la mañana», afirmaba Cervera, quien intuía que por la tarde el ritmo se incrementaría de nuevo sobre las 16:00 h, al coincidir con la hora de la recogida de los escolares. «Más allá de las opiniones, hemos insistido en que lo importante es participar y que todo el mundo muestre su conformidad o disconformidad con cambiar la jornada, que se involucren las familias», explicaban ambas madres.
En este caso, es la primera vez que el debate sobre la jornada escolar llegó a la votación, pues el Consejo Escolar empezó a tratar la cuestión en 2019-20, en un procedimiento que no concluyó, por la crisis sanitaria. Por esto, también, procuraron informar a las familias de este centro y otros de la zona con, entre otras cosas, un acto en el Teatre Patraix en abril, donde varios expertos mostraron argumentos a favor y en contra de la jornada continua y la partida.
Recurso de Fampa-València
Sobre el procedimiento marcado por la conselleria, FAMPA-València critica que las votaciones se han dado «sin haber seguido la tramitación preceptiva de consulta y debate ante los órganos colegiados». Aseguran que Educación aprobó la orden «con premura y en un plazo extremo sin abordar la situación pandémica», un momento que creen «inadecuado» para decidir.
Asimismo, reclaman desde hace varios cursos una «valoración» de los resultados de la modificación de la jornada en los colegios que ya la implantaron. Por todo esto, la semana pasada presentaron un recurso administrativo contra la Orden del Consell.
Cabe recordar que, en la actualidad, en la Comunitat Valenciana hay 650 centros públicos y concertados con jornada continua (54,8%) —la mitad, 361, en Alicante—, frente a los 787 que mantienen el horario partido (45,2 %).
Resultado sobre el censo total
Por otro lado, la Associació de Directives d'Infantil i Primària (Adip-PV) critica que para implantar los cambios debe dar el ‘sí’ al menos el 55 % del total del censo de las familias con derecho a voto —hasta 5º de Primaria— hayan acudido a las urnas o no, pues no se toma en consideración la participación.
Consideran que «la normativa añade aún más obstáculos y parece que, más que garantizar la adecuación del proceso, quiera impedir que la mayoría de las familias decidan el modelo de jornada escolar que quieren para sus hijos». También rechazan que los padres y madres que quisieron votar por correo tuvieron que hacerlo de manera certificada, con el coste que conlleva.
Por su parte, el sindicato CSIF también está disconforme con la barrera del 55 % del censo y denunciço ayer el «abandono de la conselleria», al considerar que «ni ha facilitado medios ni recursos económicos ni ningún tipo de ayuda que pueda sumar para esta iniciativa», así como los «exiguos» plazos con los que han contado los centros para organizarse.
