La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se ha manifestado este lunes por las calles del centro de València, parando ante varios bancos, para exigir el fin de los desahucios de personas y familias sin alternativa habitacional, así como la obligatoriedad de firmar contratos de alquiler social para que esta modalidad sea ofrecida de forma previa al inicio de todo el procedimiento de ejecución judicial.
En ese sentido, exigen a los bancos que dejen de instar a desahucios ante el impago en procesos de ejecución inmobiliaria y les recriminan también su "importante vinculación con los fondos buitre, que se han quedado con miles de viviendas, y que se niegan a firmar nuevos contratos de alquiler y no paran de instar desahucios".
En ese sentido, han repartido un manifiesto en el que se señala: "el capital no tuvo ningún escrúpulo para quedarse con nuestras viviendas al impagar la hipotecas en 2008, ahora con la crisis del alquiler tampoco lo tiene: con ellos los nuevos dueños, los fondos buitres, no parar de instar desahucios y elevar el precio del alquiler".
De hecho, apuntan, hasta 2021 más de 194.000 familias valencianas han tenido que irse de sus casas mientras que el precio del alquiler ha subido un 46% en cinco años. Por ello, advierten de que "estamos al borde de una ruptura democrática si no se frena de raíz la situación en la que estamos viviendo".
Al respecto, constatan que trabajar "ya no es garantía de una vida digna" porque "a la elevación de precios de alquileres se ha sumado los efectos de la crisis ocasionada por la covid19, aumentando aún más el empobrecimiento de las familias y el sinhogarismo mientras que banca, fondos y energética se hacen de oro".
Por todo ello, dado que los bancos y los fondos buitres tienen "una enorme responsabilidad", ahora se les exige además adoptar medidas de urgencia para que "no se pierda ninguna vivienda más flexibilizando las negociaciones como quitas o créditos blandos".
Devolución de viviendas del rescate
Asimismo, piden la devolución en viviendas del rescate bancario impagado y de la Sareb, la regularización de la ocupación de buena fe y la aceptación de medidas que provengan de una Ley de Viviendas que expropie el uso de viviendas vacías y regules los precios de alquiler.
La PAH señala que "los bancos y fondos buitres nos han arruinado y nosotros sin techo" y recuerdan que el coste para el Estado del "rescate bancario" supera los 101.500 millones, mientras que desde 2008 se han desahuciado a más de 1.085.000 hogares. Sin embargo, ante esta emergencia habitacional "no hay Parque Público: 1,6% frente al 15% en Europa".
