Uno de los investigados en el caso Azud, el abogado Diego Elum, ha solicitado la nulidad del registro de sus viviendas y su despacho profesional, practicado en abril de 2019 en la primera operación del caso Azud, que acabó con su detención junto a la de José María Corbín, cuñado de la alcaldesa de València, Rita Barberá. La defensa de Elum ha presentado un recurso de reforma ante el Juzgado de Instrucción 13 y subsidiario de apelación a la Audiencia de València, para que se anulen los registros y, por tanto, quede invalidada toda la documentación que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil requisaron en ambos espacios privados.

La defensa de Elum recuerda amplia jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la inviolabilidad del domicilio y que para ordenar un registro en un ámbito privado "no bastan simples sospechas, por lo que quedan fuera de toda cobertura las intervenciones de caracter prospectivo". Por ello, el letrado investigado en el caso Azud considera que "debe acordarse la nulidad del auto de 29 de marzo de 2019 en la parte que acuerda la entrada y registro en los domicilios y el despacho profesional del señor Elum, por cuanto los hechos que están siendo instruidos tuvieron lugar entre 2007 y 2009 y los registros se lelvaron a cabo en 2019 (más de diez años después) y las pruebas se podían obtener mediante otros medios".

El recurso presentado ante el Juzgado de Instrucción 13 también critica que los delitos que se le imputan en el auto del 29 de marzo de 2019 y en el acta de detención son los mismos que en su ficha de detenido, "es decir, se sigue a pie juntillas todo lo que está planteando la UCO, sin entrar a valorar la significación y dirección que se pudiera estar llevando en la investigación. Así se incorporan delitos imposibles, otros que estarían prescritos y alguno sobre el que no existía la más mínima base indiciaria. Es decir, se ha acordado la entrada y registro en base a la valoración policial de los elementos indicarios y no en base a la valoración judicial de éstos".

Al respecto el letrado recuerda que el Supremo anuló en 2020 un auto por "considerar que no reúne los requisitos necesarios para la afectación a derechos fundamentales, dado que se limita a autorizar la solicitud contenida en un informe policial, carente del contenido necesario para que el juez haya podido efectuar personalmente la valoración necesaria, admitiendo simplente la que han realizado los agentes". Y esto es lo que ha sucedido en el caso Azud, según el recurso presentado por la defensa del abogado Diego Elum. "Se hace un seguimiento acrítico de una línea de investigación propuesta por la UCO de la Guardia Civil lo que puede llegar a provocar disfunciones que terminan por concretarse en resoluciones judiciales en absoluto ajustadas a derecho, ilegítimas y desde luego con frontal contravención de la normativa procesal de obligado cumplimiento".