El estallido de una crisis energética de grandes proporciones en Europa con consecuencias aún por calibrar ha convertido uno de los objetivos que se marcó el Botànic en 2015, el de la transición ecológica, en una urgencia.
La dependencia energética y la subida de precios ha obligado al tripartito de izquierdas a acelerar la ‘agenda verde’. A ponerse las pilas, en definitiva, con la sensación añadida de que el tiempo se agota a un año de las elecciones.
Así, conceptos como soberanía energética, descarbonización, economía circular, agencia del cambio climático, de la energía y todos los relacionados con la emergencia climática, que el Consell ya decretó en 2019, se han puesto en el centro de la política valenciana en las últimas semanas. La autonomía es, además, una de las que acumula más retrasos en el cumplimiento de objetivos como el de renovables, como ha puesto de manifiesto la propia Sindicatura de Comptes.
Las Corts ha validado esta semana el macrodecreto del Consell que incluye legislación para agilizar las energías limpias y el acuerdo, sobre la bocina, ha evitado un mayor desgaste al tripartito y ha aparcado, de momento, las diferencias entre los socios en cuestiones medioambientales.
Pero el macrodecreto es solo uno de los troncos de una arquitectura legal, de nueva creación, con la que el Botànic busca aminorar el impacto de la crisis.
Las piezas clave son las leyes de Cambio Climático y de Prevención de Residuos, Transición Ecológica y Fomento de la Economía Circular. El proyecto de ley de la primera está en las Corts tras pasar por el Consell y entre sus objetivos está que en 2030 más de 40% de la energía valenciana provenga de renovables.
Quien contamina paga
Esta ley tiene que impulsar además un cambio de modelo en movilidad, urbanismo, energía y fiscalidad. Esto último ha llevado ya a formaciones como Compromís o Unides Podem a plantear la creación de nuevos impuestos bajo la filosofía de ‘quien contamina paga’. El PSPV prefiere esperar a la próxima legislatura tras aceptar a sus socios una ley como la de la tasa turística, que tampoco entrará en vigor antes de 2023.
La otra pieza clave, la ley de Economía Circular, lleva año y medio presentada en las Corts por parte de los grupos del Botànic. Se tramitará próximamente, en Compromís señalan que antes de verano, después de que el tripartito se viera forzado a esperar meses para evitar que su norma entrara en colisión con disposiciones de la ley estatal. La ley busca dar otro uso a los residuos y revalorizarlos y hace un año el Consell Jurídic emitió un duro dictamen con una veintena de reparos esenciales.
De la ley de Cambio Climático cuelgan dos estrategias, la de cambio climático y la de la energía, que intentan bajar al detalle de las necesidades de los distintos sectores económicos, y una herramienta más, la Agencia del Cambio Climático, dependiente de la Conselleria de Agricultura y Transición Ecológica que dirige Mireia Mollà
Esta agencia tiene como gran reto que todas las iniciativas que ponga en marcha el Consell tengan coherencia. El anteproyecto de ley de creación de la agencia ya ha sido aprobado por el Consell y es uno de los compromisos que se pactaron en el segundo Botànic.
La otra agencia clave es la de la Energía, que dependerá de la Conselleria de Economía. El tripartito ha acordado esta semana desarrollarla antes de que acabe la legislatura a través de la ley de medidas fiscales para 2023.
Los socios, Compromís y Unides Podem, tienen una mirada amplia sobre esta agencia que la formación morada exige desde hace años y con la que Compromís quiere poner en práctica la esencia del discurso de Més, el de la soberanía, en este caso con la «democratización» de la energía.
Su tesis es que ahora cuatro empresas capitalizan el mercado energético, por lo que se hace necesario crear una propuesta pública desde la que «mucha gente junta» pueda producir, distribuir y comercializar energía y que nadie se quede sin acceso, lo que también comparte Unides Podem.
Un ‘pacto verde’ político
Además, el president, Ximo Puig, ha ofrecido al resto de partidos un pacto político para el impulso de la transición energética con el reto de alcanzar la soberanía.
La autonomía produce dos terceras partes de la energía que consume y solo con el autoconsumo no será posible alcanzar los objetivos. Los proyectos presentados evitarían la dependencia. Por eso, el macrodecreto validado esta semana va en esa línea, hacer más sencillos algunos trámites relacionados con la autorización, tramitación e instalación de renovables.
