Sólo la mitad de los casos de insultos y agresiones en el interior de los hospitales y los centros de salud se denuncia. Con el objetivo de darle la vuelta a estas cifras, abogados y expertos en derecho sanitario piden a la administración una serie de medidas que animen a los médicos a denunciar más. «Entre ellas que se facilite que el facultativo pueda sacar de su cupo de pacientes conflictivos con antecedentes de agresiones», señala Guillermo Llago, abogado del Colegio de Médicos de Alicante y vicepresidente de la Asociación Derecho Sanitario. Actualmente, la ley hace posible que el médico que ha sufrido una agresión pueda dejar de atender a ese paciente e incluso a sus familiares, «pero en la práctica es inviable por la cantidad de trabas que existen», lamenta.
También se exige un endurecimiento de la Ley de Seguridad Ciudadana «para que igual que ocurre con la Policía, los insultos al personal sanitario no queden impunes como ocurre a en la actualidad», sostiene Carlos Fornes, presidente de la Asociación Derecho Sanitario de la Comunitat Valenciana. Tanto Llago como Fornes participaron en el V Congreso de Derecho Sanitario que se celebra en Alicante y organizado por la Asociación de Derecho Sanitario. Actualmente la agresión a un médico o a un enfermero está contemplado como un ataque a la autoridad, «el problema es que sólo conlleva penas de cárcel cuando hay una lesión que lleva aparejado más de un tratamiento». Por tanto, agresiones como dar una bofetada al final conlleva multas que rondan los 120 euros de sanción «que hacen que agredir sea muy barato», lamentan ambos especialistas.
