La dirección general de Política Lingüística de la Conselleria de Educación ha iniciado seis expedientes de reintegro de las ayudas de fomento al valenciano adjudicadas a las empresas Canal Maestrat SL y Kriol Produccions SL, propiedad de los empresarios audiovisuales y hermanos Enrique Juan y Juan Enrique Adell Bover. La cuantía de ayudas reclamadas asciende a 195.909 euros. El cobro de intereses podría aumentar esta cantidad a los 218.805 euros.
Los hermanos Adell Bover están investigados en la causa del Juzgado de Instrucción 4 y la Fiscalía Anticorrupción, por un presunto delito de fraude de subvenciones, en la que también se investiga a las empresas dirigidas por el empresario Francesc Puig, hermano del presidente de la Generalitat.
La representación legal de los Adell Bover pleitea desde 2021 contra la Generalitat en sendos recursos contenciosos-administrativos presentados ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). El procedimiento de reintegro contra las empresas de los Adell Bover por las ayudas al fomento del valenciano se inició el 8 de noviembre 2019. Desde entonces los empresarios litigan con la Conselleria de Educación y Cultura porque consideran que la petición de reintegro de las ayudas (de los años 2016 y 2017) se realizó fuera de plazo y con irregularidades en la tramitación del expediente de devolución de la subvención que ha provocado a las empresas indefensión y porque no concurren las causas de reintegro citadas en la resolución de la Conselleria de Educación.
Los representantes legales de Kriol Produccions SL considera que la decisión de reintegro de las ayudas se produce porque la empresa está «en medio de una discusión política y periodística, que le es completamente ajena», según la documentación a la que ha tenido acceso Levante-EMV.
La Conselleria de Educación inició los expedients de reintegro tras la denuncia de una extrabajadora y ex mujer de uno de los dos empresarios. Una denuncia «falsa» provocada por «un proceso de divorcio excesivamente tortuoso», según alegan los empresarios en la documentación consultada por este periódico.
