Levante-EMV

Levante-EMV

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Nueve de cada diez abortos se derivan a clínicas privadas pese a ser la vía "excepcional"

La nueva norma de Salud Sexual insiste en que las interrupciones de embarazo deben hacerse en centros públicos, algo ya establecido en la ley de 2010 | Solo algunos hospitales públicos como el de Requena, Sagunt o el Doctor Peset asumen todas las interrupciones de embarazos

Dos profesionales preparan el quirófano para realizar una interrupción del embarazo en una clínica privada de València. Daniel Tortajada.

Que el derecho al aborto se pueda ejercer, prioritariamente, en un centro sanitario público y solo de forma excepcional, en un privado. Este es uno de los objetivos de la nueva ley de Salud Sexual y Reproductiva que, sin embargo, no es nuevo: la ley de 2010 que todavía está vigente ya lo recoge. Doce años después, sin embargo, su ejecución es todavía muy deficiente. En la C. Valenciana nueve de cada diez abortos se hacen aún en la privada y solo el 8,6 % se practican en centros públicos.

Esta es una de las críticas lanzadas por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) al respecto de los cambios que va a traer la norma auspiciada por la ministra de Igualdad, Irene Montero, y que acaba de ser enviada al Congreso para su ratificación. "La actual ley establecía que las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) se realizaran de manera preferente en centros públicos, hecho que mayoritariamente no se cumple", alertan desde la entidad.

El aborto por decisión de la mujer, directo a la privada

El último registro de Interrupciones Voluntarias del Embarazo de la C. Valenciana, publicado por la Conselleria de Sanidad con datos de 2021 lo deja claro: de los 8.099 abortos notificados el año pasado, solo el 8,6 % se hicieron en algún centro público y el 91,4 % en centros privados.

"Estar sí está regulado en la ley pero no se ejerce de una forma fehaciente. El aborto por decisión de la mujer antes de la semana 14 que preveía la ley de 2010 solo está disponible en algunos departamentos de salud", explica Ezequiel Pérez Campos, jefe del servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital de Requena. El de Requena, junto al Hospital Doctor Peset de València, el de Sagunt y alguno más comarcal son de los pocos hospitales públicos en toda la C. Valenciana en el que las mujeres sí pueden interrumpir su embarazo si así lo desean, sea por el motivo que sea.

Fuera de estos centros, si el motivo del aborto no es malformación o riesgo para la mujer, lo usual es que la embarazada sea remitida a una clínica privada aunque eso sí, con cargo a los presupuestos públicos. Según la conselleria, siete de cada diez abortos que se hicieron el año pasado contaron con financiación a cargo de los presupuestos de Sanidad.

Objetores, solo una parte de la explicación

Los especialistas consultados por este diario apuntan a que se dan una confluencia de factores para explicar esta aplicación parcial de la ley. Las objeciones de conciencia de los profesionales existen pero son solo una parte de la explicación. Habría que sumar también otros como falta de voluntad de las gerencias o dejadez en los servicios para no aumentar la carga de trabajo.

"La exconsellera Carmen Montón impulsó mucho la aplicación de la ley y se avanzó pero una vez se fue, la voluntad política disminuyó y con ella la presión para hacerlo posible", reconoce Pérez Campos. El resultado es que en estos años, y pandemia de por medio, se ha avanzado poco en sumar nuevos departamentos para la causa.

El territorio valenciano, a dos velocidades

Tras este arranque y parón posterior, la valenciana es una de esas comunidades en la que la aplicación real de la normativa de 2010 se queda "a mitad" aunque se parte de una posición algo mejor de cara a la nueva ley. "Estamos mejor que otras, pero todavía queda mucho margen de mejora", reconoce Pérez Campos ya que tampoco se han generalizado otros avances de la ley de hace doce años (en los que ahora se quiere incidir) como la obligatoriedad de un registro de personal objetor "individual y no colectivo", por ejemplo, o la previsión de que cada centro ofrezca métodos quirúrgicos y también farmacológicos.

La cohesión territorial y el garantizar un acceso igualitario a la cartera de servicios queda, así, desvirtuado. Porque en el área de Requena y del D. Peset donde evitan derivar los abortos por decisión de la mujer a la privada aplican también un protocolo para que las interrupciones de embarazo se pueda hacer por métodos farmacológicos desde casa. "Lo llevamos haciendo desde 2016", explica Reyes Balanzá, jefa del servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Doctor Peset. Por aquel entonces, "no había cultura pero ahora más de la mitad de las mujeres que pueden elegir (hasta la octava semana de gestación) eligen el método farmacológico", explica la profesional.

Compartir el artículo

stats