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Hacienda recupera más de 18 millones por cambios falsos de residencia fiscal

La inspección abre más de 120 investigaciones desde 2017 por deslocalizaciones ficticias, casi todas a Madrid

El conseller Arcadi España con la ministra María Jesús Montero. Levante-EMV

El dumping fiscal existe. Los datos indican que es algo más que una nota de argumentario contra la política tributaria de la Comunidad de Madrid. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y otros mandatarios autonómicos han acusado reiteradamente en los últimos años a su, homóloga madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de insolidaridad fiscal por aprovecharse de su posición de capital y de centralidad, además de por una buena financiación, para rebajar la carga impositiva a las empresas como una forma también de atraerlas a Madrid.

Este hecho es uno de los factores que explica que el crecimiento del producto interior bruto (PIB) de la capital sea muy superior en los últimos dos décadas al del resto de autonomías, incluida Cataluña.

Los últimos datos de la Agencia Tributaria Valenciana evidencian que esa tensión y esa fuga de grandes capitales hacia Madrid existe. Pero también señala que se persigue y se detecta cuando esas "deslocalizaciones fiscales" son irreales.

Los inspectores verifican si el cambio es real o si el investigado sigue viviendo en la C. Valenciana

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Los datos los aporta el conseller de Hacienda en una entrevista con este diario el pasado domingo. Desde 2017 hasta septiembre de este año se han abierto 121 expedientes de investigación por cambio de domicilio fiscal presuntamente falso. En estos procesos se han recuperado 18,8 millones de euros de 14 expedientes: es el resultado de la regularización fiscal de los casos ficticios detectados junto a las sanciones impuestas. Los datos indican, además, que la mayoría de estos cambios de domicilio fiscal investigados son a Madrid.

Investigan si continúan viviendo en la C. Valenciana

La mudanza de residencia fiscal entre comunidades es legal y regulada, lo que los inspectores verifican de oficio si observan algo extraño es si ese cambio es real o si el investigado continúa viviendo la mayor parte en la Comunitat Valenciana a pesar de haber trasladado su sede fiscal, señalan fuentes de Hacienda. La casuística es importante. Se ha detectado algún caso en el que el supuesto contribuyente en Madrid iba a misa a diario en su iglesia de toda la vida en València, añaden.

"Hay alguna gente que quiere cambiar su domicilio fiscal, pero no su residencia vital”, advierte Arcadi España. El conseller, no obstante, llama a la prudencia ante un fenómeno que pondera porque es limitado. España pone el foco en “la insolidaridad manifiesta de la Comunidad de Madrid con respecto a otros territorios”. “Ellos tienen muy buena financiación y se pueden permitir unas rebajas fiscales que en otros sitios no nos podemos permitir porque no tenemos esos ingresos del Estado”, añade.

Aunque limite el alcance del fenómeno, el conseller sí denuncia la actitud “antipatriótica, si me permite, para el resto de valencianos” de algunos contribuyentes que quieren vivir aquí, pero tributar en otro territorio, principalmente Madrid.

La comunidad de Díaz Ayuso tiene fundamentalmente dos elementos distintivos en su política de impuestos: bonifica prácticamente en su totalidad los tributos de patrimonio y sucesiones. Es un factor de atracción de grandes contribuyentes. La semana pasada se publicaba un dato que indice en esta situación: casi 500 multimillonarios no pagan impuesto de patrimonio gracias a vivir en Madrid. El 67 % de los considerados ‘ultrarricos’ españoles tributa en la comunidad de la capital (Cinco días).

La armonización de la presión fiscal entre las distintas autonomías es una de las reivindicaciones de algunas comunidades, con la valenciana a la cabeza. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha mostrado partidaria de una reforma de este tipo en reiteradas ocasiones, pero el juego actual de mayorías en el Congreso dificulta la adopción de cambios de gran calado como el citado, que tiene que ver con una reforma fiscal y con la del sistema de financiación de las autonomías, caducado desde 2014.  

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