La investigación por presuntas mordidas y desvío de fondos de la Guardia Civil a través de la adjudicación de contratos por obras y servicios, que tiene en su epicentro al interventor jefe de la unidad de gestión económica (UGE) del instituto armado en la C. Valenciana y a varios constructores y empresarios, afecta a una decena de expedientes, pero podría acabar abarcando licitaciones más antiguas. Así lo han afirmado fuentes de la investigación, que se mantiene secreta precisamente para preservar la buena marcha de las indagaciones que está llevando a cabo el Servicio de Asuntos Internos (SAI) de la Guardia Civil, bajo la dirección de la Fiscalía Anticorrupción y del Juzgado de Instrucción número 3 de València.
Por ahora, las indagaciones se centran en una decena de expedientes –el número exacto no ha sido revelado para preservar la investigación– no circunscritos a un tiempo determinado, sino a personas específicas. Es decir, son contratos firmados por el teniente coronel del Ejército investigado, que presta sus servicios como técnico en la Guardia Civil pero pertenece a las Fuerzas Armadas, y los empresarios presuntamente implicados en la trama.
Asuntos Internos rastrea movimientos económicos y cuentas, y busca si hubo regalos a cambio de adjudicaciones
Sin embargo, las fuentes consultadas por Levante-EMV han advertido que el número de expedientes bajo sospecha podría crecer en función del resultado del análisis de los que intervinieron este lunes los agentes de Asuntos Internos en el despacho oficial del teniente coronel Miguel Ángel E. T. y en otra oficina de la Unidad de Gestión Económica (UGE) de la que es interventor jefe, durante los registros practicados en esas dependencias, ubicadas en el cuartel de Benimaclet, sede de la VI Zona de la Guardia Civil, con mando sobre todo el territorio de la C. Valenciana.
Las mismas fuentes afirman que, en este momento, no se puede descartar que la investigación acabe salpicando a más responsables, aunque hasta ahora las indagaciones no se han dirigido contra ningún miembro de la Guardia Civil.
Los agentes del SAI también están rastreando cuentas corrientes y movimientos económicos de los investigados, así como posibles regalos de los contratistas. Tal como publicó ayer este diario, la causa se dirige contra el teniente coronel del Ejército y varios constructores y empresarios por los delitos de malversación, falsedad documental y cohecho.
El oficial investigado aún no ha sido objeto de medidas cautelares internas, que se adoptarán en función de la evolución de la investigación judicial, que aún se prevé larga en el tiempo.
