El primero fue el servicio sanitario que se daba a los vecinos de La Ribera que acuñó el nombre por el que se conocería al modelo de privatización de la sanidad pública que crearon y extendieron los diferentes gobierno del Partido Popular, el modelo Alzira. Después, la Conselleria de Sanidad hizo lo propio con el servicio de salud en Torrevieja y entre medias se recuperaron para la gestión pública los servicios de diagnóstico por imagen del Hospital General de València y de otros 13 hospitales públicos (a finales del año pasado).
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Ha sido este verano cuando el Botànic ha podido completar su quinta reversión: los servicios de farmacia que se dan en las residencias públicas de la C. Valenciana a 5.000 internos ya son completamente de gestión directa. El decreto que lo hizo posible se aprobó el 1 de julio pero ha sido este mes cuando la Conselleria de Sanidad ha cerrado el proceso de reversión al asumir como propios a los 58 trabajadores (55 indefinidos y 3 temporales) que estaban contratados por Quavitae Servicios Asistenciales, la gestora del grupo sociosanitario Domus Vi.
La reversión de la sanidad en manos privadas supondría al Consell un extra de hasta 170 millones
A partir de ahora, como ya pasó con los trabajadores de Eresa, este medio centenar de personas dependen directamente de la Conselleria de Sanidad y el servicio ya se puede considerar como de gestión pública al 100 %.
Al igual que el personal del hospital de Alzira, el de Torrevieja o gran parte de los que se quedaron en los servicios de radiodiagnóstico de los hospitales, estos trabajadores son ahora personal laboral indefinido a extinguir, una figura no exenta de polémica en su creación pero a la que la Abogacía de la Generalitat terminó por darle el visto bueno. Esto supone que hasta que no se creen las plazas estatutarias correspondientes y se cubran vía oposición, estos trabajadores podrán seguir en sus puestos siempre que no cesen por otras causas.
Contrato expirado desde 2014
Este medio centenar de empleados se ocupan desde sus puestos en las residencias públicas de Carlet, La Canyada en Paterna, Burriana y El Pinar en Castelló y La Florida en Alicante de hacer un seguimiento de los fármacos de 5.000 residentes que están en centro públicos en la C. Valenciana y preparar su medicación en unidosis, un modelo que la Conselleria de Sanidad lleva años queriendo ampliar para que llegue al conjunto de todos los internos en centros sociosanitarios, más de 27.000.
Los 58 trabajadores, empleados por la gestora de Domus Vi, están físicamente en Carlet, Paterna, Burriana, Castelló y Alicante
El servicio llevaba en manos de la gestora de Domus Vi desde 1999 pero en 2014 el contrato expiró. Sin embargo, desde entonces la administración había mantenido a la empresa trabajando sin renovación expresa (como también se hizo con Eresa y las resonancias) al no poder dejar de ofrecerlo y mientras se llegaba a una solución. En estos siete años de gobierno del Botànic ha habido al menos tres propuestas hasta que, por fin, ha llegado la reversión.
Aplicando con antelación la nueva ley Darias de equidad
Esta es la quinta reversión de servicios sanitarios externalizados que ha podido completar hasta ahora el gobierno del Botànic y puede que la última antes de elecciones. Desde la Conselleria de Sanidad recuerdan que la C. Valenciana está abriendo camino de esta forma a lo que puede venir para otras comunidades cuando se apruebe y entre en vigor la nueva ley de equidad y cohesión del Sistema Nacional de Saludque el jueves recibió luz verde en el Congreso para seguir con su tramitación.
El Consell ya "blindó" la gestión directa como preferente en su legislación, igual que ahora quiere hacer el Gobierno de Sánchez
En el texto se blinda la sanidad pública y se apuesta por la gestión pública como preferente, dejando los acuerdos con la privada como un recurso de apoyo excepcional. Además, tal como adelantó en su día la ministra Carolina Darias, en el desarrollo de la ley se establecerán normas para que las comunidades, al igual que la valenciana, puedan revertir los servicios sanitarios que ahora estén en manos privadas. El Consell ya transitó ese camino y cambió su normativa autonómica para dar como preferente la sanidad pública y optar por las reversiones .
El problema con el que se ha encontrado el Consell es el de los tiempos: ha tenido que ir esperando a la finalización de los contratos para ejecutar las reversiones y evitar el pago de indemnizaciones a las empresas. Así se ha hecho con las cinco completadas hasta ahora: en todos los casos los contratos habían expirado. Ahora, en el punto de mira, el Consell mantiene los contratos adjudicados para gestionar las áreas de salud de Dénia y Manises que son los próximos en expirar. El problema es que ambos lo hacen en 2024, un año después de las elecciones autonómicas que han de determinar el próximo ocupante del Palau de la Generalitat.
Tres abordajes distintos en siete años
La primera idea para ordenar este servicio la puso en marcha la consellera Carmen Montón. Se trataba de la plataforma Resi-EQUiFar que incluía un contrato de 50 millones de euros para construir un centro de producción de estas monodosis y una red de reparto a todas las residencias. Dos empresas llegaron a presentar ofertas pero las alegaciones presentadas al proyecto y las lagunas legales encontradas en el planteamiento llevaron a la conselleria a renunciar a él en agosto de 2018 ya con Ana Barceló como consellera.
En mitad de pandemia, en la primavera del año pasado, Barceló propuso revertir el servicio como finalmente se ha hecho pero acudiendo a una empresa pública. Según se planteó en su día, a través de este modelo se podrían ahorrar hasta 27 millones asumiendo este servicio de farmacia sociosanitaria y la gestión de las resonancias magnéticas.
La idea de crear una empresa pública tampoco fue bien recibida y Barceló terminó abandonando el proyecto. Ahora ha sido Miguel Mínguez quien ha podido completar la reversión. Al final lo ha hecho de la misma manera que Montón y Barceló utilizaron para hacerlo en Alzira o Torrevieja, la vía de la sucesión de empresas y la subrogación de los trabajadores como personal laboral a extinguir pese a las "controversias jurídicas".