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Consejo Interterritorial

"La nueva ley de equidad no adelantará las reversiones de Dénia y Manises pero sí las facilitará"

El conseller de Sanidad, Miguel Mínguez, asegura que se mantiene 2024 como fecha para recuperar la gestión directa en estas dos áreas de salud, cuando acaban los contratos

El conseller de Sanidad, Miguel Mínguez, tras el Consejo Interterritorial del SNS: Manuel Bruque

La nueva ley de equidad del Sistema Nacional de Salud, aprobada el martes por el Consejo de Ministros y que busca "blindar" a la sanidad pública y la gestión directa como prioritaria, vendrá a allanar el camino que la Generalitat Valenciana tiene por delante en las próximas dos reversiones de áreas de salud privatizadas que están por venir: Dénia y Manises, ambas en 2024. Así lo ha reconocido esta tarde el conseller de Sanidad, Miguel Mínguez, en la rueda de prensa conjunta que ha dado junto a la ministra del área, Carolina Darias, tras el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) que se ha celebrado en València.

Eso sí, según Mínguez, pese a que la nueva ley apueste por priorizar la gestión directa, estas reversiones no se van a adelantar a la fecha de finalización de los contratos, 2024, que es la que ha marcado el momento de la reversión en las otras áreas ya revertidas: Alzira y Torrevieja. "Adelantar no, pero facilitar sí", ha dicho Mínguez. De hecho, la ministra Darias ha recordado que la propia ley incluirá una disposición final pensada para "facilitar" estas reversiones de servicios que actualmente estén en manos privadas, ya que establece "una modificación legislativa a nivel estatal para facilitar que las administraciones públicas" hagan estas reversiones.

Se diluyen así las esperanzas mantenidas por trabajadores y actores sociales del área de Dénia que vieron una oportunidad de revertir antes la concesión con la salida de DKV del accionariado.

Mínguez se ciñe así al plan trazado por el Botànic (primero con Carmen Montón y después con Ana Barceló) de revertir tantas áreas de salud privatizadas por el PP como fuera posible conforme fueran acabando los contratos. Así fue con Alzira, la primera concesión sanitaria que dio nombre al modelo de gestión privada de toda un área de salud y que acabó en 2018 y Torrevieja, cuya reversión se completó a finales de 2021. Faltará, eso sí, que el Botànic (o alguno de sus socios en solitario) revalide en las urnas en las elecciones del próximo año 2023 para que el plan siga adelante.

Este es uno de los pilares de esta ley (proteger la gestión directa y dejar la indirecta como una excepción) y también va a ser uno de los puntos más polémicos ya que frente al camino que ha emprendido PSPV y Compromís en la Comunitat Valenciana de retomar la gestión directa de servicios y áreas de salud privatizadas por el PP, en muchas autonomías gobernadas por los "populares", las concesiones y los acuerdos públicos-privados han crecido en los últimos años.

Reacción de las autonomías

Pese a que se le ha preguntado hasta en tres ocasiones, la ministra Carolina Darias no ha querido responder a si en el consejo interterritorial se había abordado el tema, (el consejo va a ser el foro que marque los indicadores por los que sería "aceptable" privatizar servicios, o a menos así se ha adelantado) o si alguno de los consejeros o consejeras de autonomías donde más se está contando con empresas privadas habían presentado sus quejas en el seno de la reunión de esta mañana. Lo cierto es que en el pleno de esta mañana no han participado los representantes de Sanidad de dos de las comunidades donde más conciertos público-privados hay actualmente: Cataluña y Madrid.

Darias se ha limitado a explicar que ahora se había aprobado un anteproyecto de ley, además consensuado y con un proceso previo de "participación y consulta pública con distintos órganos" y que el gobierno esperaba que ahora las Cortes Generales hagan su papel. "Estamos muy satisfechos porque esta ley da cumplimiento al 21 % del programa de gobierno y apuesta por un modelo de gestión directa, porque sabemos la importancia del valor de lo público, por ampliar derechos que fueron eliminados por gobiernos anteriores del Partido Popular y acaba con los copagos que impuso el decreto 16/2012", ha enumerado la ministra.

"Esta ley no excluye la gestión indirecta pero la regula y la ordena cuando no se pueda hacer una gestión determinada de manera directa siempre que se acredite objetivamente". "Estoy esperanzada de que siga adelante", ha concluido.

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