Hace un mes que el presidente andaluz, Juanma Moreno (PP), anunció una bajada del impuesto de Patrimonio en aquel territorio para emular la política de Madrid de favorecer a las rentas altas y promover la atracción de riqueza. El presidente valenciano, Ximo Puig (PSPV-PSOE), agitó poco después el debate con el anuncio de una rebaja fiscal pero a las rentas inferiores a 60.000 euros.

La propuesta está desde entonces en negociación con los socios de la izquierda, que aprueban la reducción pero piden que la caída de ingresos que supondría se equilibre con una subida a los más ricos. Los socialistas se resisten, si bien es evidente que al final todo diálogo implica cesiones. Tras varias reuniones, el acuerdo fiscal parece encaminado, según las fuentes consultadas. Así, sí habría un alza de la carga fiscal a las rentas altas a través del impuesto de Patrimonio, si bien el PSPV pretende incluir también alguna medida que, por otra vía, aligere la presión a las empresas (o a una parte de ellas). Sería una subida matizada, por tanto. O aquilatada mediante otras fórmulas.

La solución que está encima de la mesa pasa por aprobar dos decretos. Uno sería para dar vía oficial a la propuesta planteada por Puig en el último debate de política general: la reducción de impuestos a rentas medias y bajas. El segundo sería para acoger alguna forma de aumento de la carga impositiva a los que más tienen. Previsiblemente, Patrimonio sería el tipo escogido para recoger las exigencias de Compromís y Unides Podem.

En este sentido, el vicepresidente, Héctor Illueca, envió recientemente a la Conselleria de Hacienda su plan para aumentar la recaudación en 150 millones, lo que se considera que la Generalitat dejara de ingresar. Este segundo decreto incluiría también alguna fórmula compensatoria para las empresas. Podría ser a través de alguna mejora en el impuesto de Sucesiones, trasladan fuentes del Gobierno. Pero no está cerrado.

Puig ha rechazado hasta ahora apretar las tuercas a las rentas altas. Ha argumentado que la C. Valenciana ya está entre las que ejerce una presión más elevada en España sobre el patrimonio. Su teoría también es que la posible mengua en la recaudación será compensada por el efecto de la inflación. Sin embargo, los socios a la izquierda no quieren que el Consell traslade la imagen de gobierno que reduce ingresos en tiempos de mayor necesidad de atención pública a los vulnerables. Ese objetivo quedaría recogido en el acuerdo final mediante la mencionada reforma del tributo de Patrimonio. Una de las propuestas de Illueca era bajar el listón mínimo para pagar este impuesto a 400.000 euros (ahora está en 500.000). La mayoría de autonomías tienen esa barrera en los 700.000 euros.