Los agentes del grupo de delincuencia económica III de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han comenzado a tomar declaración a una veintena de investigados y testigos dentro de la tercera fase de la Operación Azud, que en realidad constituye una pieza separada de la causa principal en la que se investigan supuestos pagos y dádivas a funcionarios y cargos públicos a cambio de la adjudicación de al menos dos obras públicas: el tramo E del trasvase Júcar-Vinalopó, el más caro y jugoso de esa conducción hídrica, y la desaladora de Moncofa, bajo el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.
Tanto los investigados, que están compareciendo con sus letrados, como los testigos comenzaron a acudir ayer por la mañana al cuartel de la Guardia Civil en Patraix, sede de la Comandancia de València, donde los investigadores de la UCO han instalado su cuartel general.
Tal como informó ayer Levante-EMV, los agentes de la UCO desplegaron el martes una operación policial, dirigida por el Juzgado de Instrucción 13 de València y la Fiscalía Anticorrupción, en la que fueron registradas seis sedes de cuatro empresas y los domicilios personales de los responsables de tres de ellas en València, Riba-roja, Castelló, Benicàssim, Madrid y Alcobendas.
A raíz de informaciones recabadas durante esos registros, los agentes solicitaron a la jueza otros cuatro mandamientos para buscar la documentación y los archivos informáticos que buscaban en dependencias de esas empresas ubicadas en Sueca, Alzira, Castelló y Guadalajara, por lo que la operación, que se prolongó desde primera hasta última hora del martes, se ha saldado con 13 registros en empresas y domicilios.
El delito principal que se investiga en esta nueva investigación sería el soborno que prescribe a los 15 años
Esta nueva pieza separada de la causa principal de Azud se abrió en agosto pasado a raíz del análisis de la documentación intervenida durante el registro en casa de José María Cataluña, responsable de finanzas del PSPV desde 1999 hasta 2004, aunque con posterioridad habría seguido teniendo una amplia influencia en el partido. También ha permitido a los investigadores tirar del hilo la documentación de una de las empresas a la que ya había requisado documentación escrita y en soporte informático durante la segunda fase de Azud, el 13 de mayo de 2021, y que volvió a ser registrada por los agentes de la UCO el martes.
Investigados por siete delitos
Los delitos por los que estarían siendo investigados los nuevos imputados serían los mismos de los que ya están acusados los 60 investigados desde el inicio del caso. Así, se les imputarían, en función de la participación de cada uno de los investigados en las distintas tramas, los delitos de cohecho, falsedad documental, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, prevaricación, asociación ilícita y organización criminal.
El delito principal sería precisamente el de cohecho, que se produce cuando un particular compra la voluntad de un funcionario o una autoridad pública para lograr beneficios en su favor. En este caso, las investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil habrían permitido localizar pagos que habrían servido para financiar la campaña del PSPV en las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2007.
La adjudicación definitiva del tramo E del trasvase Júcar-Vinalopó se firmó el 28 de septiembre de 2007, según se publicó en el BOE, y fue a parar a la UTE formada por Acciona y Construcciones Luján por 46.109.320 euros, para construir la conexión hídrica entre Vallada y la Font de la Figuera.
La otra gran obra que habría servido para camuflar gastos electorales del PSPV es la desaladora de Moncofa, de la que resultó adjudicataria la UTE integrada, entre otras, por Facsa, que solo tenía un 5 % de la unión temporal de empresas. La concesión definitiva del proyecto y ejecución de esa infraestructura, por valor de 50.870.537,41 euros, se publicó en el BOE el 16 de julio de 2008.
El delito no ha prescrito
El delito principal que se investiga, el de cohecho –las investigaciones previas ya recogían pagos por más de 240.000 euros a través de empresas intermediarias que supuestamente sirvieron para sufragar gastos electorales del PSPV– prescribe a los 15 años de su comisión. Un delito que se consuma, según los juristas consultados por este diario, cuando el contrato buscado por los presuntos corruptores entra en vigor. Un trámite administrativo que se produce habitualmente cuando ya se ha entregado a los cargos o funcionarios corruptos los regalos o el dinero pactado de antemano, ya sea en metálico o a través de otros métodos, como la emisión de facturas ficticias o la contratación de trabajos inexistentes, por ejemplo.
En este caso, el delito de cohecho no habría prescrito porque la investigación judicial se abrió antes de que se cumplieran los 15 años, tanto en el caso de la desaladora de Moncofa –julio de 2008–, como en el del tramo del trasvase –septiembre de 2007–, ya que esta pieza separada fue abierta por la jueza en agosto.
