El pleno del Consell ha aprobado este viernes la Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat para el próximo 2023. La norma con tan pomposo nombre y más conocida como Ley de Acompañamiento ha salido adelante en el seno del Ejecutivo autonómico y esquiva así su primer trámite sin generar roces internos, cuestión no menor teniendo en cuenta el conjunto de leyes que esta modifica.
Sin embargo, pese a que en su título se haga referencia a las medidas relativas a impuestos, el Gobierno valenciano ha sacado de este proyecto la reforma fiscal que bajará el IRPF a las rentas de menos de 60.000 euros ya en la declaración de 2022 (que se hace en abril de 2023) y la que subirá el Impuesto de Patrimonio el próximo año. Ambas modificaciones tributarias irán, la primera, en un decreto (el 24/2022) y la segunda en la Ley de Presupuestos que acompaña a las cuentas del próximo año.
"Lo queríamos debatir a la mayor brevedad posible e independientemente de dónde vaya se va a debatir en las Corts", ha justificado la vicepresidenta y portavoz del Consell, Aitana Mas, quien ha replicado las quejas de la oposición por la tardanza en llevar adelante esta legislación: "Las comprendo, pero no las comparto, tienen tiempo para estudiársela". En este sentido, ha recordado que será el 21 de noviembre cuando se haga el debate a la totalidad de este cajón de sastre legislativo en la cámara autonómica y que ahí se abrirá el periodo de enmiendas.
Las posibles enmiendas que se introduzcan una vez esta ley aterrice en el parlamento valenciano podrían abrir alguna posible disputa entre socios. Años anteriores esta normativa, un cajón de sastre donde prácticamente cabe todo, generó grietas en el tripartito con asuntos como la tasa turística (un habitual en estos lares que ya parece cerrado) o la declaración de la violencia obstétrica que provocó roces entre los tres partidos el año pasado.
Entre las medidas que se incluye en la normativa aprobada, más allá de posibles cambios parlamentarios, la ley fomenta que los propietarios de viviendas deshabitadas las pongan en alquiler, y establece que los derechos de tanteo y retracto se podrán ejercer sobre edificios residenciales de, como mínimo, cuatro viviendas poder responder a situaciones de emergencia habitacional en áreas con necesidades en este ámbito.
También recoge la gratuidad del Carnet Jove para jóvenes de entre 14 y 30 años, al suprimirse el pago de la tasa de 7,70 euros por su expedición, con la finalidad de contribuir a aliviar la inflación en la juventud. Asimismo, dispone que las residencias únicamente podrán tener un máximo de 100 plazas para asegurar el bienestar y la calidad de las personas residentes, y se establece que las empresas o entidades de servicios sociales que hayan sido multadas con una sanción firme no podrán acceder a contratos públicos.
Esta disposición incluye el uso de la expresión "discapacitado" en lugar de "minusválido" para evitar confusiones en el ámbito jurídico y social, y también se equipara a cónyuges los miembros de parejas de hecho cuya unión cumpla los requisitos establecidos en la ley y estén inscritos en el Registro de Uniones de Hecho.
Igualmente, se incluye a las sociedades musicales de la Comunitat Valenciana y a la pirotecnia como recursos turísticos de primer orden, con el fin de aumentar su protección, al tiempo que se ayuda a fomentar su promoción y difusión.
