Un dispositivo formado por cinco furgones y más de una decena de agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) ha ejecutado este miércoles el desahucio de Anouar, un joven que ocupó ilegalmente la vivienda de un fondo buitre en el barrio de Orriols (València).
El desalojo estaba previsto para las 8 de la mañana pero la Policía Nacional ha cortado todos los accesos a la calle desde las 07:30 para evitar que los activistas del sindicato de barrio Orriols en Bloc pudieran concentrarse en la puerta. A las 9 de la mañana, un grupo de agentes ha reventado la puerta de la vivienda con un ariete para que el fondo buitre pudiera tomar posesión de la vivienda.
El afectado ha logrado sacar sus pertenencias en varias maletas con la ayuda de los activistas del sindicato de barrio, que no han opuesto resistencia. Se trata del segundo desahucio con una fuerte presencia policial de la UIP en menos de tres semanas, tras el desalojo de una familia con dos niños pequeños en el barrio valenciano de Malilla, donde la policía cargó contra los manifestantes en la puerta, cosa que aquí no ha ocurrido.
La policía ha identificado a todos los activistas del sindicato presentes en la protesta y también a los periodistas que la cubrían. De hecho, el momento de mayor tensión ha sido cuando una periodista de la sección de tribunales de À Punt ha sido denunciada por "desobedencia, alteración del orden público e incitación a las masas", al pedir cruzar la calle para tener un tiro de cámara desde el que se viera la puerta de la vivienda afectada. El periodista de Levante-EMV presente en el desalojo también ha sido identificado, y más activistas han sido amenazados por multas relacionadas con "faltas de respeto a un agente a la autoridad", delito previsto en la Ley Mordaza.
Trabajo y estudios pero no vivienda
El joven afectado se llama Anouar, y estudia y trabaja a la vez. Con esos ingresos paga el alquiler de la casa donde viven su madre con seis hermanos más, muy cerca de la vivienda que él decidió ocupar. Se defiende explicando que en su casa no cabía ni una sola persona más y que su madre le había indicado varias veces que tenía que buscar una alternativa.
Ante la escasez de ingresos, decidió ocupar la vivienda de un fondo buitre cerrada desde hace años. El sindicato de barrio remarca que se trata de un joven que trabaja y estudia con la intención de sacar adelante a su familia, pero que el coste de la vida no le permite acceder a nada digno. La necesidad le llevó a tener que ocupar una vivienda del fondo buitre Divarian (Cerberus).
Pese a contar con un informe de vulnerabilidad y estar acogido en el escudo social del Gobierno, el juez ha estimado seguir adelante con el desahucio, y la posesión de la casa se ha consumado sobre las 10 de la mañana. Los activistas del sindicato denuncian que el desahucio ha sido "ilegal" porque se ha reventado la puerta sin la presencia de la comitiva judicial. Fuentes de la Unidad de Ayuda al Desahucio (UAD) de la conselleria de Vivienda estiman lo mismo, aunque otros abogados especialistas en derecho a la vivienda de Aliter Abogados explican que sí que sería legal en casos de que la denuncia fuera penal y hubiera una orden expresa del juez de hacerlo.
Los activistas del sindicato de barrio denuncian también que ha habido "una escalada" en cuanto a los dispositivos policiales que se presentan en los desahucios. "No suele ser así, creemos que no es necesario que vengan 20 antidisturbios para desahuciar a una persona", lamentan. Denuncian incluso que la policía ha revisado móviles de algunos activistas tras grabar los hechos que se estaban produciendo.
Anouar tuvo un intento de desahucio hace poco más de una semana, pero los activistas lo paralizaron a pie de puerta. Se paró solo diez días, y en el segundo intento el dispositivo policial ha sido mucho más contundente para hacerse con la posesión de la vivienda. "No sabemos si es lo que vamos a ver a partir de ahora en los desahucios", denuncian varias activistas.
Dos desahucios y uno equivocado
El de Anouar no era el único desahucio programado para hoy en el barrio. El sindicato también advirtió del caso de Lorena, una madre de familia con tres niños, a la que iban a desahuciar también hoy. Finalmente los activistas lograron parar el desahucio en los juzgados el día anterior y se desconvocó la concentración prevista para esta familia. Lorena y sus niños respiraban tranquilos.
O eso parecía. Mientras protestaba por el desahucio de Anouar, Lorena ha recibido la noticia de que cinco personas, entre cerrajeros y empresa de seguridad, estaban en la puerta de su vivienda para ejecutar el desahucio. Se ha tratado, según ha confirmado este periódico, de un "error" al no llegar la notificación de la paralización a esta parte de la comitiva judicial.
Varias activistas se han tenido que acercar acompañadas de la afectada para mediar en el caso y aportar la documentación que demostraba que, efectivamente, su desahucio estaba parado. Un susto que no ha llegado a mayores pero que ha supuesto más de media hora para conseguir que esa parte de la comisión judicial no ejecutara un desahucio que no debía producirse.
