“Ambas partes se comprometen a no divulgar, por ningún medio, ni enviar comunicación alguna a terceros, en especial a medios de comunicación [...] del presente acuerdo”. Así reza la oferta de contrato que una de las filiales del fondo buitre Cerberus ofrece a uno de sus inquilinos con una subida de alquiler abusiva, y a la que ha tenido acceso este periódico.
Además de los medios de comunicación, también prohíbe, bajo amenaza de demanda, que se hable del contenido del contrato -en este caso una subida de más del 400 % del alquiler- a vecinos o familiares. El fondo buitre pide mantener el acuerdo "en la más estricta confidencialidad" y amenaza con "reclamar judicialmente la correspondiente indemnización por los daños y perjuicios que hubiese ocasionado el incumplimiento" de esta obligación.
Abogados y activistas confirman que este tipo de amenazas son bastante recurrentes contra las familias afectadas, sobre todo para atemorizarlas y tratar de romper relaciones con otros iguales. Nacho Collado, letrado especialista en derecho a la vivienda de la cooperativa El Rogle comenta que ha visto casos similares y que, en su opinión, el objetivo del fondo buitre es "meter el miedo en el cuerpo a los vecinos pero sobre todo evitar que se creen redes de apoyo mutuo entre otros afectados que puedan reivindicar". También "les viene bien que no hablen entre ellos y que no se sepa las ofertas que les están haciendo a cada vecino que quizá son distintas".
Maria José Alamar es abogada especialista en fondos de inversión de Aliter abogados, y asegura que es común que sus clientes sufran este tipo de presiones y amenazas por parte de fondos buitre. "A mis clientes les llaman constantemente, les mandan cartas, incluso se les presentan hombres trajeados a las nueve de la noche en la puerta de sus casas", explica Alamar, que recomienda que en estos casos nunca interactúen y se remitan al contacto de su abogada o abogado.
Otro de los grandes problemas que cuentan abogados y activistas es que "el fondo no tiene ninguna sede física como puede tener un banco. No hay una oficina con gente atendiendo ahí. Todo va por internet, con un correo o número de contacto, y de hecho casi nunca responden a los afectados. Eso lo hace muchísimo más complicado a la hora de protestar en la puerta o reivindicar", explica Collado. Alamar, por su parte, cuenta que ha visto en más ocasiones una cláusula de este tipo, que prohíbe filtrar el contenido a la prensa.
"A finales de 2023 y principios de 2024 vamos a tener un drama social enorme. Acaban las moratorias y muchísimas familias se van a ver en la calle"
Conselleria de Vivienda es consciente de estas situaciones y ya ha publicado un anteproyecto de ley, que todavía no se ha aprobado, para atajar todas estas situaciones de acoso inmobiliario. La Generalitat proyecta multas de hasta 950.000 euros en las sanciones más graves e incluso inhabilitar a sus responsables durante años de participar en promociones de vivienda pública. El proyecto actuaría sobre este problema sobre el papel, pero cuatro meses después de anunciarse no está aprobado.
El drama social que se avecina
Narcisa Gómez es activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y se dedica a asesorar a las afectadas por fondos buitres en los barrios periféricos de València, además de negociar con los fondos de inversión en nombre de las familias. Cuenta que, aunque no ha visto cláusulas de este tipo, sí que es cierto que los fondos de inversión prohíben a sus inquilinos hablar de los detalles de las ofertas para evitar que busquen el apoyo de otros, y alerta de que "el porcentaje de personas que ganan es muy bajo, pero luchando al final se consigue". La PAH lleva los casos de 240 familias afectadas solo por uno de estos grandes fondos buitre.
Narcisa Gómez también cuenta casos muy similares de acoso a las mujeres de su barrio; "algunas te llaman llorando para contártelo". "Hay muchos casos de mujeres de mediana edad que les acaban recetando antidepresivos, esto es muy duro para las familias, sobre todo si hay niños implicados", cuenta.
Pero lo que más preocupa a la plataforma es que estamos al borde de un posible drama social. Gómez explica que muchas personas, tras vivir una ejecución hipotecaria, realizaron una dación en pago -entregar la vivienda a cambio de quedarse limpio de deudas-. Tras esto su entidad bancaria les concedió un alquiler social en la misma casa.
Estos alquileres sociales se firmaron en 2015 y acaban (la mayoría) en 2022 y 2023. Pero en estos siete años las propiedades han pasado de estar en manos de bancos a las de fondos de inversión, que se niegan a renovar ningún contrato o reclaman subidas del 300 % en la cuota. "Hay muchísimas familias afectadas y cada vez veremos más si nadie hace nada", alerta Gómez.
Y no solo hay que hablar de alquileres sociales, también de la moratoria para deudores hipotecarios que aprobó el Gobierno en el año 2012 y que ha permitido a muchas familias quedarse en casa hasta mayo de 2024 protegidos como personas vulnerables. María José Alamar, de Aliter abogados advierte de que estos dos problemas pueden juntarse y "a principios de 2024 tengamos un drama social de primer nivel en nuestro país. La gente se va a quedar en la calle y no queda tanto tiempo".
La PAH, por su lado, cree que pueden encontrarse soluciones. Su portavoz José Luis González recuerda que "esa moratoria de deudores hipotecarios ya se ha prorrogado tres veces, y protestaremos para que se vuelva a prorrogar, porque hay muchísimas familias vulnerables ahí dentro y no podemos permitir que se queden en la calle", explica. No es posible saber el número exacto de familias acogidas en la C. Valenciana ya que el Ministerio de Economía (que es quien posee los datos) no los publica.
