Llevaban años pidiendo un cambio ya que la normativa se había quedado obsoleta. El modelo social que ha regido las vidas de las personas con discapacidad ni tan siquiera contaba con un enfoque de derechos humanos.
Ahora, tras 23 años, el Gobierno central ha establecido un nuevo baremo para la valoración del grado de discapacidad y la normativa se ha adaptado a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas para reducir los plazos con trámites más ágiles y mejorar el sistema con criterios más objetivos.
El pasado mes de octubre se aprobó el decreto y se publicó en el BOE. La nueva norma entrará en vigor el 20 de abril y da respuesta a una reivindicación histórica del colectivo. Pero ¿qué cambia?
Uno de los cambios fundamentales se centra en la renovación del grado de discapacidad y tiene por objeto evitar que demoras en la tramitación afecten en la vida de quienes integran el colectivo. Y es que el grado de discapacidad supone el punto de partida para ayudas y derechos. Sin grado de discapacidad (siempre que sea superior al 33%) no hay prestaciones, ni bonificaciones, ni beneficios. De esta forma, si el certificado caducaba y la renovación no se había efectuado en tiempo y forma la persona con discapacidad perdía derechos y ayudas como la prestación por familiar a cargo, pérdida de empleo (si el puesto de trabajo iba ligado a un certificado de discapacidad), pérdida de deducción de impuestos o, incluso, del carné de familia numerosa, entre otros.
Ahora, la nueva normativa suprime esta desprotección ya que segura que si se pide la revisión del grado y la Administración no lo hace en tiempo y forma, ese grado de discapacidad se mantiene hasta que haya una nueva resolución. "Este es un cambio muy importante porque evitará muchas pérdidas de derechos que se estaban produciendo por culpa de la propia Administración, por no renovar el certificado en plazo", explica la abogada especializada en diversidad funcional y dependencia, Sandra Casas.
Otro de los cambios que incluye la norma es un la creación de un "trámite de urgencia" para poder aplicarlo por causas humanitarias o de especial necesidad social, como es el caso de las personas con enfermedades degenerativas como la ELA, víctimas de zonas en guerra o de violencia de género ya que, según la última Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, el 17,5 % tienen una discapacidad ocasionada por el maltrato. Esta regulación también establece la obligación de garantizar el derecho de los menores con discapacidad a ser informados, oídos y escuchados sin discriminación por razón de la edad o discapacidad.
La norma incluye la creación del trámite de urgencia en casos concretos"
La norma en sí supone una modificación de los criterios que rigen cómo adjudicar el grado de discapacidad. Con este nuevo baremo se tendrán en cuenta nuevos componentes como las "funciones y estructuras corporales de la persona, si puede o no realizar actividades en un entorno sin barreras, su grado de participación social y las barreras ambientales que enfrenta, es decir, el contexto donde pone en práctica todo esto y que determina el grado de discapacidad de la persona", explican desde el Centro Español de Documentación sobre Discapacidad.
Valoraciones
Desde el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y desde la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) --entidades que han impulsado y demandado esta nueva regulación-- valoran el cambio tras más de dos décadas de reivindicación histórica ya que esperan que los tiempos de espera se reduzcan para evitar situaciones como la de la Comunitat Valenciana, donde el trámite dura dos años de media.
Por último, Plena Inclusión (que reúne a 950 entidades que abanderan la lucha de personas con discapacidad intelectual) reivindica "más medios técnicos, mayor formación a profesionales y mejor dotación económica para que su aplicación asegure el rigor y la fiabilidad exigibles a los diagnósticos".
