La ley del solo sí es sí se añade al cajón de asuntos de las discrepancias entre los socios del Botànic. Porque aunque la norma sea una cuestión surgida del Gobierno central, su terremoto tiene réplicas en el ámbito valenciano con choque incluido entre los principales cargos del Consell y división de opiniones entre las organizaciones feministas.
Las críticas de la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, a la ley pidiendo su reforma tras la rebaja de penas a agresores sexuales en aplicación de esta norma fueron replicadas por el vicepresidente segundo, Héctor Illueca, en un mensaje directo hacia su compañera de gobierno: «Los responsables públicos deberían evitar mensajes que generan inseguridad jurídica a las mujeres».
Bravo e Illueca hicieron evidentes las desavenencias entre socialistas y morados. «Lo que no podemos consentir de ninguna forma es que un déficit en la técnica legislativa genere interpretaciones que perjudiquen a las víctimas», expresó la titular de Justicia quien, además, es una de las voces autorizadas en materia de igualdad en el puño y la rosa.
Sus palabras señalando el «déficit en la técnica legislativa» metieron el dedo en la llaga en la labor del Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero ante una de las acciones legislativa bandera del partido de los círculos en el Gobierno central.
Las críticas las contestó el máximo representante institucional de Podem en la Generalitat, quien no dudó en entrar al cuerpo a cuerpo. Illueca expresó que el problema «no es la ley» , como indicó Bravo, sino «la resistencia de un sector de la judicatura a los avances en materia de igualdad».
Y como el Botànic es tema de tres, en la discusión faltaba Compromís. Es la coalición valencianista quien tiene las competencias de igualdad en el Consell. Las dispone la vicepresidenta, Aitana Mas, quien se situó más cerca de la posición de los socialistas que de los podemistas al abrir la puerta a que haya modificaciones en esta norma.
«Como todas las leyes se han de revisar los puntos fuertes y los puntos débiles y se tendrá que estudiar si se ha de modificar», dijo. No obstante, Mas trató de encapsular el problema a una cuestión del Gobierno central y pidió que se haga «sin ruido» ni «partidismo». En otras palabras: que el debate en torno a la polémica no abra heridas en el Consell.
Ley «fundamental»
Pero la divergencia de opiniones no es única de los partidos. Afecta también al propio movimiento feminista. Lo evidencia que las entidades como la Coordinadora Feminista o la Assemblea Feminista, colectivos que agrupan a varias entidades distintas declinara dar una opinión única ante las sensibilidades que la integran.
Esa división de opiniones se hace verbo al preguntar a algunas de estas organizaciones. Todas coinciden en que se trata de una ley «fundamental» al poner el consentimiento en el centro de la norma, pero difieren en el por qué han llegado las revisiones de penas a la baja.
En este sentido, tanto la Federació de Dones Progressistes, en palabras de Amàlia Alba, como la Asociación de Mujeres Juristas Themis, en boca de Altamira Gonzalo, señalaron que «ya se avisó» con el texto aprobado que podía haber revisiones a la baja. «Es frustrante y doloroso», indica Gonzalo. «Nos ha de hacer reflexionar sobre las deficiencias legislativas», añade Alba.
Por su parte, Esperanza Pascual, de Dones Morades, pone el foco en la «interpretación de la norma» por parte de la judicatura que se dedican a «aplicarla de forma torticera». « No hay que cambiar la ley sino reforzar la formación con perspectiva de género al personal que opera en la Justicia, una ley no iba a cambiar el funcionamiento patriarcal», expresa.
