"Vivo en una chabola, con mi marido y mis tres hijos. El mayor tiene 15 años, el pequeño 13, y luego está la niña, que tiene 3. Es un espacio con cuatro maderas. Sin agua. Es frío, inseguro. Esta noche ha hecho mucho aire y las maderas crujían. El suelo es gravilla. El frío es lo peor. Pusimos una estufa pero se quemó mi niño grande y la tuvimos que quitar. La ambulancia ni tan siquiera vino. No hay tiendas, solo pasa un autobús y con el horario muy reducido. No hay ambulatorio, ni colegios, ni parque. La nada. Y con frío, mucho frío".
Ana María Requena habla despacio. Tiene 33 años y la mirada triste. Le habla al micrófono con timidez, con su hija de 3 años encima. La cría reniega, así que baja de la tarima y se sienta junto a su tía, Ángela, de 18 años. Ellas son el rostro del chabolismo, de esas familias que malviven en cualquiera de los 50 asentamientos de la Comunitat Valenciana, o en cualquiera de las 600 infraviviendas identificadas. Mujeres invisibles que han mostrado su rostro y su realidad en el Seminario organizado por la Fundación Secretariado Gitano (FSG) para abordar los instrumentos políticos y financieros para la erradicación del chabolismo en España.
Ana María da rostro a tantas cifras. Números que ni tan siquiera están actualizados. La directora de la FSG en la Comunitat Valenciana, Lola Fernández, lo explica: "Los datos son de 2015, del mapa de vivienda. Los anteriores eran de 2007. Tenemos alrededor de 600 infraviviendas identificadas, que suponen un 4,78%. Unos 50 asentamientos chabolistas y 11 espacios de barrios segregados, que suponen un 3,59%. Pero sabemos que los datos han cambiado y han aumentado los espacios chabolistas. Eso sí, si antes los asentamientos estaban formados por personas españolas y gitanas, ahora son de etnia gitana y migrantes".
La pobreza se hereda y esa realidad se refleja en la vida de estas mujeres. Ana María vive en una chabola y su hermana Ángela en la caja de un camión. "No puede vivir conmigo, no cabemos más", explica con pesar. Sus hijos no piensan en los deberes, ni en estudiar. "Solo quieren trabaja para poder sacarnos de allí", explica Ana María, una mujer que debe "buscar" quien le presta su casa para duchar y asear a sus hijos. Por eso su principal lucha se centra en conseguir agua potable en el asentamiento. "Podríamos pagar los recibos", explica. Y es que la familia cobra el Ingreso Mínimo Vital (IMV)pero ni las inmobiliarias ni los particulares consideran esa ayuda (ni la Renta Valenciana de Inclusión) una garantía así que no hay alquiler para ellos.
Mis hijos tienen 15 y 13 años y sólo quieren trabajar para sacarnos de allí"
Solo hay una salida para Ana María y su familia y ésta pasa por una vivienda pública, algo que sí tuvo la otra protagonista de esta historia. El micrófono pasa a Elena Petre. Llegó a España en 2010 y su primera "vivienda" fue una chabola. "Siempre hacía frío y mi hijo siempre estaba enfermo. Horrible. No había agua, ni baño...pero la mayoría de mi gente vivía así y yo pensaba que no había otra opción y que mi vida tenía que ser así de horrible", explica durante el seminario. Conoció la FSG, empezó a formarse y hoy es técnico educativo. Tras 4 años malviviendo en la chabola consiguió el piso social y "mi vida cambió radical. Mi hijo dejó de enfermar".
Elena tuvo una vivienda digna y empezó a caminar. Dejó el piso social cuando se enamoró de un hombre con el que tuvo su segunda hija. Cuando se separó de él siguió caminando y encontró un piso en alquiler. Pero su vida se ha vuelto a complicar. El dueño va a vender el piso y le ha pedido que se marche. Y al joven busca y busca, pero no encuentra una vivienda para ella y sus dos criaturas. "Lo que más valoro de tener una vivienda digna es la salud de mis hijos. Con el mayor, en la chabola, verle enfermar fue lo peor", añade.
Financiación para el plan 2022-2025
Entre los instrumentos políticos y financieros para erradicar el chabolismo destaca la llegada de fondos europeos que permitirán las actuaciones del Plan Estatal Vivienda 2022-2025 y el programa 12 que se centra en las zonas degradadas, el chabolismo y la infravivienda. A la Comunitat Valenciana le corresponden 7,9 millones que aportará el Estado (2,3 millones en 2023, 2,6 millones en 2024 y 3 millones en 2025) más los 10,5 que financiará la Generalitat Valenciana (con 3,5 millones cada año desde 2023 hasta 2025).
Con la financiación que permite abordar los retos, el seminario contó con el análisis sobre qué pasos es necesario dar. La concejala de Servicios Sociales y Vivienda del Ayuntamiento de València, Isabel Lozano, ha explicado que los procesos de intervención son "muy largos y complejos y no con todo el mundo tenemos éxito". Así, Lozano ha mostrado una "realidad mucho más gris" con datos actualizados de la ciudad de València que cifran en 42 los asentamientos y en 815 las personas que vivien en ellos. En vivienda precaria las cifras presentan a 1.194 personas en 2020 y a 1.253 en 2021.
La directora general de Emergencia Habitacional, Pura Peris, destacó la importancia de tener una Conselleria de Vivienda y los esfuerzos en ampliar y dignificar el parque público de vivienda en la Comunitat Valenciana; mientras que el director general de Igualdad en la Diversidad, José de Lamo, destacó la importancia de la "colaboración interadministrativa" ahora que tenemos "las herramientas adecuadas".
La última intervención ha sido la de la responsable del programa de erradicación de la Vivienda precaria, Rocío Moya, quien ha exigido una solución real, una herramienta o una intervención para que la RVI o el IMV, es decir, ayudas públicas en aras de mejorar la vida de las personas, "sirvan para poder acceder a un alquiler".
