Un Consell Jurídic con una composición muy ‘popular’ desde sus inicios

Hasta siete órganos estatutarios se encuentran en situación de interinidad, con sus representantes con mandato caducado entre los seis meses y, en algún caso, hasta casi año y medio. Su renovación es una de las últimas tareas a las que se enfrentan los grupos parlamentarios en el último pleno de la legislatura, aunque esta parece condenada al fracaso tras el desmarque del PP.

A esta situación se ha llegado por la imposibilidad de sellar un pacto global que se intenta desde octubre y en el que el elemento de bloqueo ha sido el Consell Jurídic Consultiu. Sindicatura de Comptes, Consell de Transparencia, el Consell de Universitats, el Consell Rector de À Punt... todas las instituciones estaban ya resueltas y repartidas entre el Botànic, Ciudadanos y PP según representación, el único punto de discrepancia ha sido el cuarto consejero del Consell Jurídic que han de elegir las Corts.

Con la nueva ley que regula el ente, al Consell le corresponde el nombramiento de dos consejeros (antes eran tres) y los otros cuatro se proponen por los partidos en el parlamento autonómico donde se necesitan 60 votos a favor. Así, el reparto según la composición parlamentaria apuntaba a uno para PP, otro para Ciudadanos, uno a propuesta de Unides Podem y el cuarto sería elegido por el PSPV. En total, cuatro miembros propuestos por la izquierda, dos por la oposición.

Pero el PP lo ha rechazado desde octubre. Su exigencia ha sido que uno de los cuatro miembros propuestos por el Botànic sea «de consenso». He ahí el foco del problema, el embrollo que no se consigue resolver y que tiene bloqueados el resto de nombramientos, con la dificultad añadida de estar al borde de la convocatoria electoral y de una nueva configuración en la cámara.

«El Consell Jurídic Consultiu es el supremo órgano consultivo del Consell de la Generalitat y de su Administración, y, si procede, de las administraciones locales radicadas en la Comunitat Valenciana», se define en el primer artículo de la ley que lo impulsó en 1994. Su objetivo es «velar por la observancia de la Constitución, l’Estatut y la resta del ordenamiento jurídico» en las normas que impulse el Ejecutivo.

Su importancia reside en que todas las leyes que tramita el Gobierno valenciano han de ser analizadas por este ente, que es el encargado de emitir los informes que dan carta de legalidad y validez jurídica a estas normas. He ahí que contar con el control de su composición ha sido algo fundamental y habitual para todos los gobiernos. Prueba de ello es que la composición histórica de la institución la lidera el PP.

Solo un representante

Así, de los 22 consejeros que han pasado por el Jurídic —sin contar los últimos de Javier de Lucas y Fernanda Lapresta—, 13 han sido nombrados por el PP, ocho por la izquierda y uno por Ciudadanos. Sin embargo, algunos de ellos han repetido varios años, por lo tanto, el conteo más correcto sería por mandatos en los que se podrían destacar cinco (1996-2003; 2003-2005 cuando se cambia la ley; 2005-2011; 2011-2017 y 2017 hasta hoy) aunque con cambios internos y remodelaciones entre medias.

En estos, ha habido 28 nombramientos de los que 18 han sido nombres vinculados con los ‘populares’, bien nombrados directamente por el Consell —que desde 1995 hasta 2015 ha dirigido el PPCV— o bien, por la cuota que le tocaba por representación en el parlamento autonómico. El resto son 9 propuestos por la izquierda y uno por Ciudadanos. Esto supone que dos de cada tres consejeros que han pasado por este ente consultivo hayan sido de un perfil más próximo a los conservadores, que desde los inicios del órgano hasta 2015 ostentaron el poder en la Comunitat Valenciana.

De hecho, a lo largo de los 27 años de mandatos de la institución ha habido momentos donde la mayoría era más que abrumadora con cinco representantes propuestos por el PPCV y solo uno vinculado, en este caso, al PSPV, partido mayoritario en la oposición y con quien se llevaba a cabo este reparto. Es más, hasta 2016, cuando ya gobernaba el Botànic, solo hubo un periodo, entre 2005 y 2011 en el que los socialistas tenían más de un representante.

Aquello fue tras la modificación de la ley que ampliaba el número de representantes de cinco a seis. Sin embargo, tras la mayoría absolutísima del PP en los comicios de 2011, los ‘populares’ ampliaron su control sobre este ente copando dos de los tres nombramientos correspondientes a las Corts con ‘afines’. Solo Joan Ignasi Pla, ex secretario general de los del puño y la rosa, ponía la nota discordante dentro del CJC.

El cambio llegó tras la victoria del Botànic. La primera renovación fue en 2016. El órgano consultivo dio un vuelco y el PP pasó de tener cinco representantes en 2015 a quedarse solo con uno después de que el nuevo Ejecutivo autonómico nombrase a los tres consejeros que le correspondían. Un año después, la remodelación llegó a las Corts, donde Cs se quedó con otro y por primera vez el ente estuvo presidido por una persona no nombrada por el PP. Ahora, es ese reparto el que impide avanzar en el resto de órganos pendientes.

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