Colegios e institutos matriculan a más de 105.000 alumnos con necesidades especiales

 Están integrados en el aula pero necesitan apoyos educativos. O bien porque tienen algún tipo de discapacidad o trastorno grave, o bien porque precisan de ayuda por otros motivos (desconocer el idioma, altas capacidades, integración tardía, retraso madurativo, vulnerabilidad social…). En la Comunitat Valenciana hay 883.399 alumnos y más de cien mil (106.839) cuentan con necesidades educativas especiales (NEE), lo que supone el 12,6%. Así consta en las últimas estadísticas que ha publicado el Ministerio de Educación y que reflejan una educación inclusiva que va en aumento y que ya implica a uno de cada diez alumnos, ya sea por un aumento de casos o porque existe un mayor diagnóstico.

Eso sí, sólo el 3% del alumnado con apoyos educativos tiene alguna discapacidad reconocida y comparte aula con otros compañeros, entre las que destaca un alto porcentaje de alumnos con Trastorno del Espectro Autista (TEA), que suman más de 5.300 alumnos, y con discapacidad intelectual (3.262 alumnos). Con discapacidad auditiva hay, con motora, 614 y con trastornos graves de conducta, 832.

Una orientadora para 635 alumnos: "la inclusión educativa está desbordada"

Con otras necesidades específicas educativas hay un 9,7% del alumnado valenciano y la mitad precisan apoyos por sufrir una situación de vulnerabilidad socioeducativa (un total de 41.951 de 85.390). Otras dos partes importantes de la estadística en este apartado reflejan la necesidad de apoyos por trastornos del aprendizaje (20.704 alumnos) y por trastornos del desarrollo del lenguaje y la comunicación (18.437 estudiantes). Casi mil estudiantes necesitan apoyos por integrarse en el sistema educativo tarde y 2.222 cuentan con altas capacidades intelectuales.

El alumnado con necesidades especiales está integrado en centros ordinarios, en aras de que crezcan en un entorno normalizado y que los centros de educación especial sean la excepción y no la norma. Por ello, los colegios e institutos reservan en torno a un 10% de las plazas para estudiantes con necesidades educativas especiales.

Inclusión real y no ficticia

Ahora bien, para que la educación inclusiva sea real y no ficticia es preciso que los centros educativos cuenten con los medios y recursos necesarios para poder ofrecer ya tender las necesidades educativas que requieren esos alumnos. Y las críticas se acumulan desde hace años. Es más, la reivindicación de un aumento de orientadores y educadores en los centros es una reivindicación histórica de los sindicatos. En la actualidad hay un orientador escolar por cada 700 alumnos y desde hace años los sindicatos educativos piden que se rebaje a, al menos, uno por cada 500 estudiantes para mejorar el servicio a los menores que precisan de este apoyo escolar.

A los orientadores se les añaden profesionales de Pedagogía Terapéutica (PT) y de Audición y Lenguaje (AL) para atender la diversidad de estudiantes que tienen las aulas y todas las capacidades. La actual legislación, que prevé el mismo personal para un colegio de una y tres líneas

A esto se añade la desaparición de los trabajadores sociales de los colegios, lo que implica aún más carga de funciones para la orientadora, que también tiene que encargarse de tramitar ayudas y documentación para muchas familias.

Dentro y no fuera

El nuevo modelo que Educación creó equipos de orientación educativa para que la figura del orientador dejará de ser un servicio externo y pasara a formar parte de la estructura orgánica de los centros docentes, para mejorar la proximidad de atención de casos, facilitar la coordinación con los equipos educativos y representa un mejor seguimiento del alumnado y la atención a las familias. Sin embrago, los problemas se suceden en la inclusión educativa real.

Con quejas o sin ella, la estadística del ministerio sitúa a la Comunitat Valenciana como la sexta autonomía con una mayor inclusión educativa en las aulas. La que lidera el ranking a nivel estatal son Illes Balears (17,8%), Navarra (17,3%) y Región de Murcia (15,7%). A la cola se sitúan Aragón (4,1%), Madrid (6,9%) y País Vasco (7,7%).  

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