El Jurídic rechaza que se cambie la ley del valenciano sin pasar por el Consell Escolar

El Consell Jurídic Consultiu (CJC) introduce hasta nueve observaciones esenciales a la ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat de 2024 en el informe preceptivo que aprobó recientemente. Los reparos más relevantes del organismo son aquellos que hacen referencia a los cambios en la ley de Plurilingüismo para reducir la enseñanza en valenciano en las zonas castellanohablantes, los cuales han llevado incluso a tres miembros del ente a presentar un voto particular ya que consideran que debería haberse introducido alguna observación esencial más sobre este asunto. 

El órgano de consulta reprueba que la modificación de la norma del plurilingüismo se haya realizado sin pasar por el Consell Escolar. En este sentido, señala que lo dispuesto por el nuevo Ejecutivo ahora «no pierde el carácter de ‘proyecto de ley en materia educativa’ por el hecho de que se incorpore en el anteproyecto de ley de Medidas Fiscales» (la conocida como ley de Acompañamiento). Por ello, considera que al incidir en el ámbito educativo y en los proyectos y derechos lingüísticos del alumnado y de los centros escolares «debió recabarse el informe del citado Consell Escolar Valencià».

El Jurídic pone atención además en el hecho (no nuevo) de que se aprueben cambios normativos de calado a través de una ley de acompañamiento. Por la puerta trasera, se podría decir. 

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Recuerda así su doctrina de que estas leyes deberían limitarse a aspectos de política económica, pero no ser instrumentos para agilizar cambios legales de cualquier índole. En el caso que toca ahora a la relajación de la obligatoriedad del valenciano, la institución que preside Margarita Soler precisa en su informe que «la modificación de aspectos importantes del sistema educativo valenciano aconsejaría su regulación en un proyecto normativo independiente». 

Voto particular

El voto particular de tres consejeros (Fernanda Lapresta, Javier de Lucas y Joan Carles Carbonell, designados por partidos progresistas) abunda en este aspecto. 

El Estatut d’Autonomia, recuerdan, reconoce el derecho a la enseñanza en valenciano y la promoción de este derecho. Sin embargo, con el cambio que ahora introduce el Consell de PP y Vox, el alumnado que viva en comarcas castellanohablantes y que quiera ejercer ese derecho no va a tenerlo garantizado. 

La modificación preparada por el departamento de José Antonio Rovira elimina la obligatoriedad de que al menos un 25 % de la enseñanza sea en valenciano en las zonas castellanohablantes. De esta forma, el alumnado de estas comarcas que así quiera tendrá que recibir la asignatura de Valenciano, pero no ninguna otra materia del temario si no quiere.

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Las observaciones esenciales del Consell Jurídic son vinculantes para el Ejecutivo, pero no está obligado a ajustarse a ellas. En ese caso, la ley en cuestión ha de precisar que se promulga «oído» el Jurídic, pero sin la aprobación plena de este. 

El organismo consultivo se reunió el pasado 24 de octubre para examinar con carácter de urgencia el anteproyecto de ley de Medidas Fiscales, el cual entró en la institución el 5 del pasado mes.

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