El Síndic denuncia retrocesos en Transparencia y dependencia con el nuevo Consell de PP y Vox

El síndic de Greuges, Ángel Luna, ha presentado esta mañana el Informe Anual 2023, en el que vuelve a cuestionar numerosas actuaciones de la administración en su relación con el ciudadano, desde los "alarmantes retrocesos en Transparencia" hasta el "inquietante aumento" de las listas de espera de dependencia desde julio de 2023 a enero de 2024, coincidiendo ambas situaciones con el cambio de gobierno autonómico. Este giro político condiciona el documento, que se ha dividido en dos partes para diferencias ambos mandatos.

Luna ha destacado que el área de servicios sociales es donde se produce un mayor aumento de las quejas recibidas, algo que es habitual en estos informes, con un 40 % del total. Ha apuntado también a un repunte interanual en las quejas relativas a este departamento, que crecen de las 1.032 registradas en 2022 a 1.264 en 2023.

Y ha situado la dependencia como uno de los puntos negros. El Síndic da un tirón de orejas al nuevo Consell al destacar el "inquietante, inusual e incomprensible" incremento en los datos relativos a la lista de espera de solicitudes de declaración de dependencia con el actual Consell, que hace públicos mensualmente la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de Susana Camarero.

De 13.342 personas solicitantes el 3 de julio de 2023, poco antes del cambio de gobierno en la Generalitat, a 18.580 personas el 2 de enero de 2024. Más de 5.000 personas solicitantes más.

Luna se ha mostrado comprensivo con el giro político, lo que según ha dicho ha evitado que la sindicatura abriera más quejas de oficio: "Comprendemos el cambio en el equipo y la estructura de la Generalitat y que hay cierto tiempo de paralización de expedientes", ha dicho. Aun así, ha dado un ultimatum al Consell y ha adelantado que si en marzo "no se corrije la dinámica", su organismo actuará de oficio para que Servicios Sociales explique "por qué se incrementan" las listas de espera "de esta manera".

Retroceso "alarmante" en Transparencia

En el marco de la defensa al derecho a una buena administración, Luna ha resumido: "La administración sigue siendo territorio hostil para el ciudadano y poco transparente", ha dicho para cuestionar la brecha digital que todavía impide a muchos ciudadanos relacionarse con sus gobiernos por vía online y también los "alarmantes retrocesos" que detecta el órgano en materia de transparencia.

En concreto, Luna ha tildado de “preocupantes” las limitaciones del acceso a documentos que sufren los concejales de los grupos de la oposición en los ayuntamientos, cuyo repunte ha localizado en el 28M. “Estas limitaciones se han ampliado en diversas formas a partir de las elecciones locales de 2023”, ha dicho el síndic, que añade que “esta institución viene denunciando esta realidad durante años y reclamando cambios legislativos al respecto”.

Falta de voluntad política

Sin embargo, ningún grupo político ha recogido estas reclamaciones del defensor. “Ahora asistimos a excusas de todo tipo, desde problemas de aplicaciones informáticas, pasando por las socorridas referencias a la protección de datos y terminando por interpretaciones artificiosas de los reglamentos locales”, explica Luna. Todas estas excusas tienen la finalidad de limitar, por quienes mandan, el contenido y la cantidad de información que se suministra a las personas que tienen como misión constitucional ejercer de oposición. Facilitar el acceso a la información a los cargos públicos de la oposición no exige ni medios, ni esfuerzo. Simplemente es una cuestión de voluntad política.

Situaciones como las que se han producido en Benidorm, San Juan de Alicante, Cheste, Moncada o Valencia, y que recoge exhaustivamente el Informe Anual del Síndic de Greuges 2023, ponen de relieve el deterioro de reglas esenciales de funcionamiento en una democracia consolidada. Lamentablemente, no son los únicos ejemplos y no se avistan indicios de mejora.

Menores, el "agujero negro"

Los menores siguen siendo para el Síndic el "agujero negro" del Consell. La realidad en que se encuentran los recursos materiales y humanos de la mayoría de los centros de niños, niñas y adolescentes; el impago a las entidades que los gestionan; el hacinamiento de los menores migrantes; las carencias en el sistema de salud mental o en las plazas disponibles para el acogimiento familiar en sus distintas modalidades; así como la gestión de las necesidades y expectativas de las familias adoptivas y acogedoras han sido mencionados por Luna como ejemplo de cómo se "omiten derechos, principios y garantías de la infancia". 

El defensor ha calificado de "alarmante" la situación actual y ha exigido la inmediata puesta en marcha de medidas urgentes y eficaces desde la administración autonómica, que según Luna es quien debe "liderar la protección de menores" en lugar de delegar en los ayuntamientos.

De hecho, esta institución sí que abrió una queja de oficio en la que reprochó a la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda que renunciase al ejercicio del liderazgo que le corresponde en la valoración y declaración de riesgo de los menores. El Síndic concluyó que la distribución competencial asumida por las distintas administraciones autonómicas y locales "no puede servir de excusa" para asumir esta responsabilidad última en las políticas de Infancia y Adolescencia. 

La Administración, "mera gestora" de viviendas públicas

En materia de vivienda, las "reducidas dimensiones" del parque público continúan siendo "el principal obstáculo para lograr de forma efectiva el derecho al disfrute de esta", ha lamentado el síndic.También ha denunciado que "la pérdida de un alojamiento estable y digno se convierte, en muchas ocasiones, en la puerta de entrada a situaciones de exclusión social que, como desgraciadamente nos muestra la realidad, son difíciles de revertir".

Con todo, concluye que "la realidad es que la intervención de las administraciones públicas en este ámbito se reduce a meras gestoras de las viviendas públicas que no se encuentran ocupadas, están disponibles y son susceptibles de adjudicarse a una unidad de convivencia".

El Síndic insiste en que la Ley de Función Social de la Vivienda "establece un sistema de gestión integral de las necesidades de vivienda de la ciudadanía más necesitada y vulnerable, que implica la atribución efectiva y real de un recurso habitacional a quien lo necesita; ya sea una vivienda, si existe una disponible que adjudicar, o -en caso contrario- de cualquiera de los otros mecanismos previstos en la ley, como una ayuda al alquiler".