El pleno del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha acordado reforzar la presencia policial en el término municipal a fin de evitar nuevas okupaciones de viviendas. Según informaron fuentes municipales, «recientemente» se han detectado la intrusión en seis propiedades, cinco chalés y un piso en el casco antiguo de la localidad, todas ellas propiedades tanto de entidades bancarias como de inmobiliarias. Por eso, las patrullas policiales se encargarán de reforzar la vigilancia en edificios o viviendas que puedan ser susceptibles de ser okupadas según criterios objetivos que establecerá el consistorio junto a las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado. El debate está sobre la mesa y el consistorio aprobó una moción presentada por el PSPV del alcalde Robert Raga para «requerir» al poder legislativo y judicial para que se proponga «reformas destinadas a la protección, rápida y eficaz, de los ciudadanos afectados por la ocupación de viviendas y la toma de medidas accesorias o cautelares en los procedimientos que se sustancien al efecto». La moción fue presentada por el grupo socialista y apoyada por Compromís, L´Esquerra, PP, Ciudadanos y Vox, y rechazada por Podemos, quien se ha mostrado contrario a criminalizar a las personas que optan por la okupación.
Tal como se desprende de la moción, se incluye también un servicio de orientación para la protección de personas en una clara situación de exclusión social en materia de mediación hipotecaria. Además del apoyo casi unánime de los partidos del pleno a la moción, el texto se completa con dos enmiendas del PP donde se insta a las Corts Valencianes a modificar la legislación para acortar los plazos de expulsión de los okupantes. Con ellas, otra moción de Ciudadanos donde también se pide reducir los tiempos de expulsión y donde se pide transferir competencias a las comunidades de propietarios para presentarse como parte interesada en los procesos de ejecución. Junto con medidas legislativas, en la propuesta también se incluye informar a los vecinos y vecinas de Riba-roja sobre los procedimientos vigentes en la actualidad en casos de okupación forzosa, como la vía penal iniciada con la denuncia en el juzgado de guardia o los tres procesos civiles consistentes en el desahucio por precario, acciones cautelares relativas a la acción de protección de los derechos reales además de los interdictos de recobrar la posesión. Tan lejos como ayer, el Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska hizo público un protocolo dirigido a todas las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado para aunar y coordinar criterios a la hora de hacer frente a una okupación. Entre las nuevas medidas, se permitirá a los agentes acceder a la vivienda sin la autorización judicial. Además, el ayuntamiento que dirige Robert Raga suscribirá un convenio con el Ilustre Colegio de Abogados de València para el suministro de información en materia de acciones civiles y penales sobre las okupaciones ilegales. También se adherirá al convenio ya firmado entre el ICAV y la Diputación de València para orientar jurídicamente en casos de mediación hipotecaria.
