El Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber ha decidido ponerse en manos de una asesoría jurídica para ver qué hacer ante el "incumplimiento" de Fovasa, la empresa que gestiona la recogida de residuos en el municipio.
Tras varios meses de quejas ciudadanas y un servicio muy deficiente, el consistorio decidió el 7 de enero "contratar a una asesoría jurídica para defender los intereses del ayuntamiento y de los usuarios frente a la falta de cumplimiento del contrato", eso sí, "una vez agotada la vía del diálogo y tras multitud de reuniones, comunicaciones, intercambio de correos y llamadas", señala el consistorio que dirige Enrique Santafosta.
De hecho, va más allá al asegurar que el ayuntamiento "no dudará en emprender cuantas acciones legales considere necesarias para el cumplimiento del contrato, llegando si fuera necesario a la rescisión del mismo".
El contrato se adjudicó el día 10 de agosto de 2020 a Fovasa, la empresa que había realizado este servicio desde hace más de 10 años en el municipio. El día 1 de octubre se inició el servicio que se había pactado "con todos los grupos representantes de la ciudadanía".
Según explican en un comunicado, "tras más de un mes desde el inicio del contrato y una creciente insatisfacción por parte del ayuntamiento y los vecinos, se decide contratar un servicio de control". En concreto, se reclamaron los servicios de un ingeniero externo para la inspección y control del cumplimiento del contrato.
"El inspector pone de manifiesto a la empresa nuevamente, y con abundante documentación gráfica recopilada por los usuarios, Policía Local, servicios municipales y por él mismo, los graves incumplimientos que se llevan produciendo desde el inicio de la ejecución del contrato", señalan. Para entonces, la basura se acumula en los contenedores, con especial énfasis en el cartón y plástico, aunque también en los contenedores de vidrio cuya recogida depende de Ecoembes.
El consistorio, explican, volvieron a exigir el cumplimiento del contrato pero "vista la falta de actuación", el consistorio se puso en marcha "para exigir por la vía jurídica el cumplimiento del contrato"
