Vicente Tomás respira algo más tranquilo hoy después de que el juzgado haya paralizado el derribo de su casa, situada en la urbanización Carassols de Riba-roja de Túria, al estar elevada en zona no urbanizable. Se ha suspendido la orden de ejecución fijada para ayer tras la movilización ciudadana que se produjo para evitar que desahuciaran a Tomás, donde reside con su hija con una discapacidad del 39 % y sus padres.
La arquitecta municipal y una patrulla de la Policía Local se presentó ayer en Carassols para supervisar el derribo del que debía encargarse el propio Tomás, con sus medios, ya que los tribunales han determinado que su vivienda debe ser destruida por estar en suelo rústico no urbanizable. El resto de chalés de esta urbanización, más de 200, se encuentran en la misma situación, pero no han sido denunciados según explica el propio Tomás, por lo que no se ven obligados a abandonar las parcelas.
Ahora, Tomás espera que los tribunales vuelvan a comunicarse con él para fijar una nueva fecha para su derribo, aunque se espera que cambien de opinión. Se trata de una urbanización donde se han construido viviendas desde los años 70, con un incremento de construcciones entre los años 90 y los 2000, como es el caso del chalé de Tomás. Precisamente, por lo común que ha resultado en la Comunitat Valenciana este tipo de urbanismo, el Consell introdujo una modificación en la Ley de Ordenación Territorial y Urbana (Lotup) por la que se permitía regularizar este tipo de viviendas a través de la Declaración de Situación Individualizada de Minimización de Impacto Territorial, impulsada por la Conselleria de Política Territorial. Se trata de un informe que determina distintos valores de impacto ambiental de estas viviendas construidas ilegalmente en zonas no urbanizables.
En el caso de Vicente Tomás, su nivel de impacto es 0, un argumento que esgrimió su abogado en las alegaciones judiciales.
A este documento se suma otro más que presentó el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria a través de sus Servicios Sociales, donde se solicitaba que se garantizara el derecho habitacional de esta familia donde hay dos personas mayores y una menor con discapacidad visual. Además, pedían preservar esta casa porque es la residencia habitual y emplazaba al tribunal a tener en cuenta los mecanismos actuales para regularizar la situación de estas viviendas, que es la Declaración de Situación Individualizada de Minimización de Impacto Territorial que ya se presentó.
La intención es que los juzgados puedan cambiar de opinión respecto a la resolución, ya que se trata de un chalé construido de forma ilegal pero regularizado dentro de las herramientas que el Consell ha dispuesto a los ayuntamientos para abordar esta problemática.
