Cotorras, pinos y restos arqueológicos. Son los tres elementos a los que alude la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública para explicar la demora en las obras del Palacio de la Justicia de Llíria, previsto para 2024 y que espera agrupar todos los juzgados que ahora están repartidos por la capital del Camp de Túria.
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El sindicato CSIF ha emitido una queja donde pide explicaciones de este retraso a la conselleria. Según explican, el 20 de junio se anunció que comenzaban las obras en el solar de la calle Bétera y en estos momentos "se encuentra exactamente igual con la excepción de la tala de un pino y la retirada de un coche abandonado".
Sin embargo, a preguntas de este diario, en Justicia explican que talar los pinos no ha sido una tarea sencilla ya que en ellos habían anidado las cotorras, una especie invasora de pájaro, y para actuar se necesita un permiso medioambiental. Para ello se ha tenido que gestionar un permiso y contratar posteriormente a una empresa autorizada que recogiera a estos ejemplares para después proceder a la tala de estos árboles.
Ahí no terminaron las actuaciones. Llíria fue en época romana Edeta y de ese periodo da buena cuenta todo el subsuelo de la ciudad. Por eso, Justicia tuvo también que seguir la normativa en Patrimonio y realizar las preceptivas prospecciones arqueológicas para comprobar que no hay ningún resto bajo tierra para ser protegido.
Este paso estaba contemplado dentro del proyecto y ya se ha realizado. Sin embargo, los resultados han sido trasladados a la dirección general de Patrimonio para que emita la resolución que autorice la continuidad de las obras con su debida excavación.
El edificio tendrá seis plantas y contará con dos sótanos para albergar ocho juzgados. El sindicato CSIF recuerda que la intervención urbanística está prevista que dure 21 meses, por lo que con este retraso "resultará imposible" cumplir con los plazos.
El Juzgado Número 8, ¿Cuándo?
Además del estado de las obras, en el sindicato también han preguntado a la conselleria por la creación del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 8. Según lamenta Csif, "estaba previsto que entrara en funcionamiento en diciembre de este año, en tres meses", por lo que han solicitado los detalles de su ubicación, aún por definir.
El sindicato ha convocado diversas manifestaciones entre mayo y junio para denunciar la saturación que sufren estos órganos y reclamar a la titular de Justicia, Gabriela Bravo, una ampliación urgente ya que "los siete juzgados actuales resultan del todo insuficientes", tal como advirtió también la memoria del Consejo General del Poder Judicial en su memoria de 2021.