El actual alcalde de Requena, Mario Sánchez ha sido eximido de responsabilidad en la pieza K del Caso Taula en la que había sido investigado, junto a su antecesor, Javier Berasaluce, que sigue investigado. En concreto, la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción 18 de València investigaban las supuestas irregularidades en la contratación por parte del Ayuntamiento de Requena (también de Enguera) de unos servicios que finalmente no se prestaron por parte de Servinum, una empresa donde participaba el exsuegro del 'yonki del dinero', Marcos Benavent.

De esta forma, la implicación del actual alcalde requenense en este caso queda descartada y Sánchez ha celebrado la noticia: "Ha sido un tiempo difícil, pero en el que he tenido siempre la conciencia muy tranquila, con la firme convicción de que iba a terminar de manera satisfactoria", ha señalado el primer edil en sus redes sociales.

Las actuaciones se remontan a 2013. En una declaración prestada por ambos representantes en septiembre del año pasado, ambos remitieron a los técnicos municipales como los encargados de haber contratado a esas empresas investigadas en el caso Taula, Servimun y Técnicas Legales Administrativas (TLA), con las que estaba relacionado el exsuegro de Marcos Benavent, el empresario de Xàtiva, Mariano López.

"Es el momento de dejar atrás este mal sueño y seguir avanzando como siempre hemos hecho en los más de siete años que han pasado desde que me disteis la oportunidad de ser vuestro alcalde", ha concluido Sánchez en un comunicado realizado en redes sociales.

Justificantes de pago

En febrero del año pasado, cuando los juzgados declararon como investigados a ambos representantes políticos, Sánchez no escatimó en explicar lo que había sucedido y siempre defendió las actuaciones llevadas a cabo en el ayuntamiento. Según dijo, el servicio que la empresa Servimun ofreció al Ayuntamiento de Requena fue para la actividad inspectora, con el objetivo de aflorar la deuda oculta relacionada con el Impuesto de Construcciones y el Impuesto de Actividades Económicas. Se firmó en 2013 por el exalcalde Javier Berasaluce, "después de seguir un procedimiento negociado sin publicidad", señaló. El alcalde también explicó que la empresa se encargaba de investigar estos impagos y una vez que el consistorio hubiera recaudado esa deuda, "le pagaba un 24,5 % más IVA a la empresa,de la deuda que aflorara por su trabajo de inspección".

El alcalde prosiguió: "En total se le pagó a la empresa un total de 178.300,87 euros, el 24,5 % más IVA de lo efectivamente recaudado". El contrato original firmado en 2013 se asignó por 50.000 euros, y Sánchez explica que todo el gasto "constan en la contabilidad municipal". "Siendo yo alcalde se pagaron las dos últimas facturas, correspondiente al Impuesto de Actividades Económicas de las cooperativas. Del total de 178.300,87 euros, en mi mandato se pagaron 65.057,50 euros con la firma de la técnico responsable del contrato en la factura de la empresa y todos los informes favorables", señaló en el escrito.