Los usuarios que quedaron excluidos en 2013 del centro ocupacional gestionado por Aspromivise en Xàtiva podrán volver a tener acceso a este servicio, según confirmó ayer la regidora de Bienestar Social, Xelo Angulo, tras reunirse con el director general de Diversidad Funcional de la conselleria, Antonio Raya. En principio, los discapacitados afectados por la medida adoptada por la Generalitat hace dos años quedarán adscritos al nuevo centro ocupacional abierto recientemente en Moixent, aunque el gobierno autonómico abre la puerta a que puedan tramitar su traslado a Xàtiva posteriormente, en función de las vacantes que se produzcan en el centro de la capital de La Costera, actualmente con todas las plazas cubiertas. Raya informó del desbloqueo de la problemática durante el encuentro, en el que estuvieron presentes los familiares de tres de los usuarios que protestaron contra la decisión de la Conselleria de Bienestar, que en agosto de 2013 retiró el derecho de utilización del centro ocupacional a 13 discapacitados de Xàtiva que vivían en la Residencia «Caixa Ontinyent» argumentando que incurrían en un caso de incompatibilidad, al hacer un uso doble de recursos públicos.
La medida, según exponen fuentes municipales, sólo se aplicó en esta ciudad. Los familiares presentaron un recurso con la ayuda de la Plataforma en Defensa de la Dependencia, acompañados por concejales del grupo municipal socialista en la oposición y asistidos por la abogada Sandra Casas, actual secretaria autonómica de Dependencia.
Posible escisión en el partido
Hasta ahora, sin embargo, la situación no había podido revertirse. Angulo agradeció al nuevo gobierno de la Generalitat que atienda a las peticiones de las familias para que los discapacitados agraviados puedan volver al centro ocupacional. «Hoy han prevalecido la justicia social, los derechos de los más desfavorecidos y el respeto a su dignidad», manifestó la edil tras la reunión en conselleria. Algunos de los afectados habían sido usuarios del centro de Aspromivise desde su fundación, adscritos al recurso de forma ininterrumpida durante 35 años hasta el momento de la expulsión, que les impidió seguir con las actividades de terapia y rompió sus rutinas.
