La magistrada que instruye la causa en torno a las posibles irregularidades en las obras de la plaza de toros de Xàtiva ha abierto una pieza separada para investigar los sobrecostes del 100% con los que se saldó la remodelación parcial del coso, a petición de la acusación popular „ejercida por el PSPV de la localidad„y tras apreciar indicios de delitos económicos en las diligencias recabadas.
El procedimiento judicial se remonta a 2012, aunque hasta ahora las pesquisas de la instructora se habían centrado en las anomalías denunciadas en la adjudicación de la obra. En 2013, el juzgado de primera instancia e instrucción nº1 de Xàtiva imputó al arquitecto municipal a raíz de la querella de un particular, presuntamente por suministrar información privilegiada a la consultora que ganó el concurso. Tres años más tarde, las pruebas periciales aportadas por la acusación han contribuido a que el foco de la investigación se extienda a los desorbitados sobrecostes no incluidos en el proyecto inicial.
Las mediciones encargadas por el PSPV en 2015 detectan unidades de obra certificadas y no ejecutadas en la plaza por valor de 900.000 euros. La instrucción trata ahora de tirar del hilo de este desfase. El alcalde de Xàtiva y secretario general de los socialistas, Roger Cerdà, anunció ayer que va a pedir la comparecencia en sede judicial de «todos los responsables políticos que han tenido algo que ver con la obra», así como de los representantes de la empresa constructora y de la consultora que redactó el proyecto y los técnicos que certificaron los trabajos con el propósito de «depurar responsabilidades» para que «el saqueo de fondos públicos no quede impune» y se determine si hubo malversación, dijo. Cerdà ve «muy probable» que el exalcalde Alfonso Rus y el exconcejal de Urbanismo tengan que declarar en el juzgado. Rus siempre ha negado las irregularidades y ha atribuido los sobrecostes a razones técnicas e imprevistos durante los trabajos.
La magistrada también ha decretado la apertura de juicio oral en los próximos meses contra al arquitecto municipal tras concluir la fase de diligencias previas centradas en esclarecer posibles delitos de malversación, prevaricación y falsedad en el proceso de adjudicación de las obras . El técnico, recientemente suspendido de empleo y sueldo por el ayuntamiento acusado de incumplir la ley de incompatibilidades, habría suministrado información a una consultora que supuestamente terminó redactando el pliego de condiciones de la obra y adjudicándose el contrato tras concurrir al concurso de la mano de la constructora Llanera. Estas empresas obtuvieron la mejor puntuación pese a que su oferta no era la más económica. El arquitecto rechaza sin embargo cualquier irregularidad.
Las obras se contrataron por 6 millones en 2005, pero acabaron costando 12 y aún están incompletas. La acusación popular quiere pedir no solo responsabilidades penales, sino también económicas para «defender los intereses de los vecinos». «Si se demuestra que las obras certificadas no están hechas, hay que reclamar que los 900.000 euros que no se ejecutaron retornen a las arcas públicas», zanjó Cerdà. Según éste, el coste final estaba previsto desde el principio y se justificó posteriormente con modificados de obra.
Bajo la lupa de la UCO
El contrato de la la plaza también ha acabado bajo la lupa de los investigadores del caso Taula. El expediente de la adjudicación fue requerido por la UCO en julio, aunque de momento no ha trascendido si guarda alguna relación con la presunta trama de corrupción ligada a Alfonso Rus que investiga el juzgado nº18 de Valencia. La plaza no está finalizada y acumula una serie de deficiencias que obligan al consistorio a desplegar una inversión adicional de 400.000 euros para poder abrirla cumpliendo la normativa y transformarla en un espacio multiusos mínimamente rentable.
