Diez de junio de 2015. El alcalde de Castelló de Rugat (PP) en funciones, José Miguel Barranca, autoriza una compensación de deudas con una empresa de hostelería local tres días antes de traspasar la vara de mando al socialista Antonio Esquinas. El ayuntamiento condona a la mercantil cerca de 19.000 euros en impagos tributarios y de otra índole acumulados a lo largo de 4 años a cambio de saldar una serie de facturas fuera del presupuesto por el mismo importe que la corporación tiene pendientes con el restaurante por servicios de comidas y fiestas entre 2010 y 2015.

Una auditoría publicada por la Sindicatura de Comptes advierte de que la operación «no se ajustó a la legalidad» y podría haber originado un perjuicio a la hacienda municipal. El organismo hace hincapié en que las facturas fueron reparadas por la secretaría-intervención porque «no figuraban en los registros contables, no contaban con crédito presupuestario y no estaban conformadas por responsable alguno».

La deuda del complejo hostelero con el consistorio llegó a alcanzar los 21.692 euros en 2015. La cantidad fue íntegramente compensada por el ejecutivo del PP en funciones a cambio de satisfacer una serie de recibos pendientes, de los cuales solo 2.840 euros tenían consignación presupuestaria.

El reparo de la intervención hacía alusión a la existencia de tres facturas del año 2011 y dos de 2015 por servicios prestados en años anteriores «sin que exista indicación alguna a las causas que han determinado que se presentaran con tanto retraso, al margen de las prácticas habituales en este tipo de actividades económicas», subraya la Sindicatura.«En el expediente no existe ningún documento que certifique que las facturas presentadas se corresponden con servicios recibidos por el personal del ayuntamiento o encargados por éste», ahonda el informe.

El órgano de fiscalización invoca la Ley de Haciendas Locales para concluir que«no procedía formalizar la compensación de deudas» porque las facturas en cuestión no estaban reconocidas en el presupuesto. El pleno del consistorio debería haber tramitado el preceptivo expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos para saldar los gastos sin consignación, pero no lo hizo.

El auditor también reprocha al Ayuntamiento de Castelló de Rugat que eximiera a la empresa de abonar los correspondientes recargos de apremio e intereses de demora que debería haber satisfecho por el retraso en el pago de las liquidaciones tributarias compensadas entre 2010 y 2013, que no se encontraban en el periodo de pago voluntario.

El exalcalde, José Miguel Barranca, enmarca todos los gastos cuestionados «dentro de la legalidad» y atribuye los pagos fuera del presupuesto a la «demora» de la mercantil a la hora de presentar las facturas. «Siempre ha trabajado para el ayuntamiento y nunca ha habido ningún problema. Los conceptos siempre han estado claro y justificados, aunque la empresa era un poco dejada (para reclamar el cobro)», argumenta.

«Es una empresa amiga»

Barranca señala que la relación de facturas no solo incluye comidas suyas con otros miembros de la corporación u autoridades en concepto de gastos de representación. El exalcalde recuerda que el complejo hostelero «tiene más de 30 años de antigüedad y el consistorio siempre ha recurrido a su servicios en las fiestas de agosto» para contratar las barras y todo tipo de eventos y cáterins, incluso en la etapa anterior a la suya.

«Es una empresa amiga, del pueblo, que tenía dificultades por la crisis. Compensamos la deuda porque no había perjuicio para el ayuntamiento: eran cantidades pequeñas y no había ninguna factura que no estuviera presentada. No podíamos dejarlos tirados», afirma el exalcalde. ¿Por qué aprobó la cuestionada operación tres días antes de dejar el cargo? «Las facturas se registraron en esa fecha. Si hubieran llegado después, se hubieran pagado igual», alega. Aunque los mayores gastos son en agosto, cuando se celebran las fiestas locales, el listado de facturas también incluye numerosas comidas en días lectivos de 2010 a 2015. Según Barranca, «los menús nunca eran de más de 9 euros».