Un año y tres meses. Es el tiempo que ha transcurrido desde que la asamblea de alcaldes del Consorcio de Residuos (COR) acordó por mayoría solicitar a la Conselleria de Medio Ambiente la suspensión de los trámites de evaluación ambiental de la planta de basuras de Llanera de Ranes. Fue en marzo de 2016. Hoy, la administración autonómica todavía no ha dado carpetazo al proyecto. Y no es por ganas. Aunque los responsables del departamento autonómico se comprometieron a que las instalaciones no se ejecutarían, la paralización del procedimiento administrativo entraña enormes escollos jurídicos. El resultado es un bloqueo total que impide al COR definir una nueva hoja de ruta para atajar los constantes conflictos motivados por la ausencia de instalaciones propias para tratar las 137.000 toneladas de basura que generan sus 93 municipios.

En ese contexto, el presidente de la entidad que gestiona los residuos de la Costera, la Canal, la Safor, el Valle de Ayora y la Vall d´Albaida, Roger Cerdà, se reunió ayer con la consellera Elena Cebrián con el propósito de presionar para que se aceleren los trámites y el funeral de la planta de Llanera se oficie cuanto antes.

Aunque Medio Ambiente comparte las razones para liquidar la instalación -sus excesivas dimensiones, la contestación social que suscita y el hecho de que está desfasada respecto al Plan Estatal de Residuos y a la normativa europea-, no puede paralizar una tramitación ya iniciada, sobre todo teniendo en cuenta que el proyecto de Llanera cuenta con un buen número de informes favorables y no hay argumentos legales de peso para anularlo sin más. Esta situación abona el terreno para un desenlace kafkiano en el que la autorización ambiental integrada de la planta (AAI) podría terminar quedando aprobada. En respuesta a estos temores expresados por los gestores del COR, desde la conselleria se comprometen a modificar el Plan Zonal de las cinco comarcas para ajustarlo al nuevo esquema normativo supraautonómico. Para ello, sin embargo, hay que esperar a la aprobación del nuevo Plan Integral de Residuos (PIR), que previsiblemente no tendrá luz verde hasta otoño. Con este marco, el departamento autonómico busca la seguridad jurídica necesaria para que el antiguo proyecto de gestión del COR pueda pasar a mejor vida, antes de autorizar la puesta en marcha de un nuevo sistema de gestión de residuos «más innovador», que apostará por un esquema multi-planta y por la implementación del quinto contenedor y el trato diferenciado de la materia orgánica.

Nuevo esquema multiplanta

Este paso en la gestión es un clamor entre los alcaldes que conforman el COR, hartos de un escenario de provisionalidad que se prolonga desde su nacimiento y que impide a la entidad tratar con independencia sus residuos. Ahora, el Consorcio ha de negociar constantemente con otros organismos homólogos para distribuir sus flujos entre cinco vertederos repartidos por la geografía valenciana, con los costes añadidos de transporte y los quebraderos de cabeza que ello comporta. Sin ir más lejos, en Navidad y en Semana Santa parte de esa basura estuvo a punto de quedarse en la calle por el aumento de la producción propio de las vacaciones y la ausencia de destinos pactados. Ayer, la consellera Cebrián se mostró preocupada por la delicada situación que atraviesa el COR y prometió un seguimiento de la tramitación de la planta de Llanera, con tal de solucionar el problema ambiental.

La gestora de las basuras quiere reemplazar esta instalación por otras de menor tamaño que, de momento, se proyectan en Bufali y Vallada. Un año después del proceso promovido para buscar emplazamientos, sin embargo, todo sigue en el aire y los alcaldes lamentan la falta de información.

Con el nuevo esquema multi-planta, el COR quiere propiciar «la proximidad del tratamiento a los centros de generación de residuos» y atender a la disparidad socio-demográfica de un territorio donde más del 80% de los municipios tiene menos de 5.000 habitantes y donde el compostaje y el autocompostaje serían más eficientes para las áreas rurales. Desde el Consorcio señalan que la paralización del proyecto de Llanera cuenta con la voluntad de colaboración de la empresa concesionaria (Vytrusa), así como con el «respaldo social» de la ciudadanía.