El Ayuntamiento de Alfarrasí ha encajado un severo revés judicial por la «pasividad» mostrada en el proceso de restauración de la legalidad urbanística derivado del cierre por orden judicial del circuito de karts y minibikes «La Pará», en 2009. Un juzgado de València ha fallado a favor del promotor del proyecto, el expiloto mundialista de motos Jerónimo Vidal, y ha ordenado al consistorio que tramite la nulidad de las licencias concedidas hace 10 años y que determine la posible responsabilidad patrimonial generada. La corporación, además, ha sido condenada a pagar 24.000 euros en costas procesales (el 2% del presupuesto municipal) por no responder en vía administrativa a las peticiones del excorredor, que gestiona un bar en la pequeña localidad.
En 2007, Vidal reunió todos los permisos del ayuntamiento y de la Conselleria de Territorio para abrir la instalación. Poco después, sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia dio la razón al dueño de una granja colindante que acreditó los efectos negativos que generaba la actividad de la pista de karts en la cría de sus conejos. Las autorizaciones urbanísticas concedidas por la administración, que no tuvo en cuenta las afecciones y nunca llegó a sentar a las dos partes en litigio, se declararon contrarias a derecho. El granjero fue indemnizado con 10.000 euros.
A raíz de la sentencia, la misma conselleria que había aprobado la Declaración de Interés Comunitario (DIC) de las obras pasó a multar al promotor y a obligarle a devolver los terrenos del circuito a su estado original. Atrapado en el laberinto administrativo desde hace años, Jerónimo Vidal ve inasumibles los costes del derribo, después de perder todo lo invertido en las instalaciones. El expiloto considera que el ayuntamiento ha de asumir su responsabilidad de velar por las garantías del proceso y sufragar parte de la demolición, teniendo en cuenta que amparó y dio su visto bueno a las obras. Con tal de poder cumplir con la restauración de la legalidad urbanística, en diciembre de 2014 Vidal presentó una instancia para que el consistorio anulara las licencias concedidas 7 años atrás y resolviera la indemnización por daños y perjuicios reclamada. Sin embargo, dada la proximidad de las elecciones y la elevada cuantía a la que podría ascender esa compensación, el escrito se quedó en el cajón durante el mandato del PP.
En mayo de 2015, el gobierno local cambió de signo, pero el procedimiento no avanzó ni un ápice. El promotor acudió a los tribunales una vez desestimada su solicitud por silencio administrativo y al comprobar que el actual alcalde, Federico Vidal, tampoco estaba por la labor de iniciar los trámites. En septiembre de 2016, una sentencia firme obligó al consistorio a acceder a las pretensiones del vecino. En un auto posterior, el juzgado reprendió a la administración local por «hacer caso omiso» a «la reiteración en la solicitud de declaración de nulidad de las licencias», a raíz de la sentencia del TSJ que anuló la DIC. La «pasividad del ayuntamiento», añade la resolución, provocó el inicio de un expediente sancionador contra Jerónimo Vidal por parte de la conselleria y abocó al promotor a acudir a la vía contenciosa. Por su deficiente actuación y mala fe, la corporación fue condenada a 23.460 euros en costas que aún no ha satisfecho. A falta de un último recurso para intentar rebajar la cuantía „tras varios desestimados„, el pago podría ser ejecutado forzosamente en breve „junto a los correspondientes intereses„ mediante el embargo de las cuentas municipales. Antes de interponer el contencioso, el promotor del circuito y su letrado se reunieron con el alcalde para pedirle que tramitara el expediente y remitiera el caso al Consell Jurídic Consultiu con tal de conocer la opinión independiente del organismo sobre el proceso de responsabilidad patrimonial. Pero Vidal no accedió a las peticiones.
«Desidia» municipal
La defensa del demandante denuncia los múltiples obstáculos administrativos y los atribuye a un intento por dilatar todo lo posible el proceso por razones políticas. El expediente para declarar la nulidad de las licencias se inició tres meses después de la sentencia favorable al piloto. En enero, Jero Vidal registró una instancia exigiendo al consistorio su obligación legal de no demorar más los plazos y de incluir en el mismo procedimiento un pronunciamiento expreso sobre la responsabilidad patrimonial reclamada.
El letrado del promotor del circuito, Óscar Martí, opina que la «desidia» del ayuntamiento para atender las reclamaciones «solo puede acabar perjudicando a las arcas municipales», puesto que «en vez de gastar el dinero en indemnizar a los afectados y empezar a paliar los daños generados, se están destinando ingentes cantidades de recursos públicos en pleitos sin sentido que, además, siempre acaba perdiendo el Ayuntamiento de Alfarrasí». El abogado lamenta «que una decisión torticera de un político que, además, cobra un sueldo de la administración, acabe constándole solo en costas 24.000 euros al pueblo y no se asuma ninguna responsabilidad por ello», sentencia.
