El 20 de diciembre de 2004, el Ayuntamiento de Aielo de Malferit adjudicó una parcela de propiedad municipal a una empresa que acababa de ser constituida por el marido de la entonces alcaldesa socialista, Cristina Mira. Dos años después, la justicia anuló la operación: la firma Promocions Llar i Medi SL, que edificó en los terrenos un bloque de viviendas, tenía vetado contratar con la administración local debido al vínculo de su administrador con la primera edil.
En febrero de 2009, con el gobierno local en manos del PP, el pleno municipal acordó reclamar a la mercantil la suma de 281.119 euros: el importe total de los beneficios que, según un informe técnico municipal, obtuvo la sociedad del cónyuge de Mira con la promoción inmobiliaria que se vendió en la parcela.
La empresa impugnó el procedimiento por vía contenciosa y un juzgado de València le dio la razón. En una sentencia más reciente, dictada a mediados de febrero, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) desestima el último recurso planteado por el consistorio de Aielo de Malferit y concluye que no puede determinarse el enriquecimiento injusto de la mercantil y que la administración local «no se empobreció» en la suma reclamada.
El juzgado que anuló la subasta de la parcela en 2006 decretó la restitución de la parcela al ayuntamiento y el reintegro del precio abonado por ella. Sin embargo, la corporación alegó que resultaba imposible material y legalmente la devolución del suelo, puesto que las viviendas edificadas en él habían sido adquiridas por terceros. La sala de lo contencioso de la sección nº1 considera que el ayuntamiento debería haber planteado la declaración de enriquecimiento injusto durante la fase de ejecución de la sentencia de primera instancia, poniendo esta circunstancia «de manifiesto ante la autoridad judicial» y dando «audiencia a las partes». El fallo del TSJ, que no es firme y admite recurso de apelación, condena a la corporación municipal a pagar las costas, estipuladas en un máximo de 400 euros.
El PSPV quiere saber el coste
A raíz de la sentencia, el portavoz del PSPV de Aielo, Juan Rafael Espí, ha pedido que «se asuman responsabilidades» y ha solicitado que la secretaría del ayuntamiento certifique cuánto ha costado en total a las arcas municipales un proceso judicial que tacha de «persecución».
