m ucho hablar de la Constitución como la "carta magna" de los españoles, pero a la hora de la verdad, unas veces por exceso y otras por defecto, aparece vituperada sin que medie ningún burladero de coso taurino alguno: ahí está el amparo constitucional a la libertad de expresión, desairada, una y otra vez, con la complicidad incluso del Constitucional. Parecido sucede en muchos de nuestros municipios. Dos buenos ejemplos se dan en Ontinyent. Así vemos que en la España democrática, laica y racional, y en pleno siglo XXI, el peso de la iglesia católica y sus muchas organizaciones sigue imponiéndose a constituciones o gobiernos municipales. Ya se ha escrito que el actual gobierno municipal de Ontinyent en cuanto a procesiones, "angelets" y misas no solo acude puntualmente sino que en vez de asistir (sus miembros) a título personal y como unos creyentes más, suele presidirlos en compañía de los representantes religiosos; emulando las escenografías que impuso la dictadura de Franco a través del nacional-catolicismo. Que el Tribunal Constitucional apoye el pago de dinero público a colegios que segregan por sexo (gracias a la ley Wert y mayormente religiosos) parece que no escandaliza a los regentes municipales socialistas, pese a constituir una flagrante discriminación contra las mujeres, cuyo status quo persigue la prolongación educativa del machismo.
¿Debe acudir el alcalde, Jorge Rodríguez, a actos religiosos? El debate está abierto. Amparándonos en la aconfesionalidad del Estado constitucional, se dice que un primer edil «no asistirá a ningún acto que tenga carácter religioso» aunque tanto él como los demás representantes de la corporación podrán asistir «de manera particular». También se insiste en dichos foros que la a confesionalidad no equivale a divorcio o ruptura de relaciones entre cualquier entidad pública y las entidades representativas de las diversas religiones.
Dos casos que tuvieron eco mediático en su día fueron cuando el alcalde de Santiago, Martiño Noriega, daba el primer paso y no acudió a la tradicional ofrenda al apóstol. Asimismo, en Zaragoza, el consistorio, tras declararse aconfesional, anunció que no iba a enviar una representación a los actos religiosos como la misa del Pilar. Otro anacronismo aconteció con la participación de la Legión uniformada la pasada Semana Santa en Málaga, la cual y siguiendo la tradición de desfilar con el Cristo de la Buena Muerte, este año fue noticia nacional por la asistencia entusiasta de medio gobierno, cuyos ministros no dudaron en cantar aquello de «soy el novio de la muerte». Sin llegar a tal grado de perplejidad, meses atrás, la mayoría de grupos políticos representados en el Ayuntamiento de Ontinyent, acogiéndose a una tradición religiosa enclavada en la programación festiva de los Moros y Cristianos, aprobaban una moción, pidiendo se declare la Baixà del Crist como Bien de Interés Cultural (BIC).
La obsoleta pasión por el Bou
Aunque Ontinyent aún está lejos de llevar la tradición festiva del «bou en corda» a un referéndum o consulta popular, como si han hecho los gobiernos municipales de otras ciudades (Xàtiva y Canals, sin ir más lejos) a mayor perplejidad, desde hace cuatro años, está sirviendo dos tazas de bou: el reciente de les Penyes, sin ninguna tradición, pese a lo que diga algún semanario local, y el de la Purísima. El Bou en Corda, al igual que lo que ocurre en la llamada fiesta nacional, es en pleno siglo XXI, tal como escribía recientemente Manuel Vicent, «todo un espectáculo rancio y anacrónico, que ya no está a la altura de los tiempos» ni siquiera como diversión». Una calificación que el escritor de Castelló remacha con esta acepción: «La fiesta taurina es el residuo de un costumbrismo chungo». El actual gobierno municipal de València que preside Ribó aprobó la prohibición del bou embolat y del bou amb corda en el transcurso del pleno celebrado en junio de 2016. Votaron a favor de la medida Compromís, València en Comú y el PSPV.
Colectivos concienciadores
Oposiciones al festejo taurino en general como las que señala Vicent entroncan con pronunciamientos de colectivos como Cassola Sense Corda o, más recientemente, con la de l'Arrel, al cuestionar que el ayuntamiento ontinyentí apoye la fiesta del Bou en Corda por apreciar en dichas celebraciones un «maltrato animal» más que evidente. Así se pronunciaba el 12 de diciembre del año pasado la conocida colla ecologista tras señalar que el bou se ha popularizado entre la gente, en Ontinyent, «por el fuerte ambiente festivo en la zona de las carpas» auspiciado y alentado por el actual gobierno. Sin obviar, por otra parte el botellón multitudinario (y la suciedad que expande) que se genera en los aledaños del Pont Vell. L'Arrel considera «especialmente grave el respaldo que el ayuntamiento que preside Jorge Rodríguez brinda a dicha fiesta», dicen textualmente. Añadiendo «que se envía a los niños y niñas un mensaje no sólo de fracaso como sociedad, sino que es una práctica totalmente antipedagógica» ya que «el sufrimiento y la humillación que supone para un animal ser obligado a participar en esta fiesta es un escándalo, y la normalidad con la que lo presencian los más pequeños es alarmante».
Así las cosas, causa una asombrosa perplejidad que el ejecutivo socialista no sólo no retire su más mínimo apoyo a la Bou en corda sino que lo incrementa: ahí está el incremento del gasto y el impresionante dispositivo para las retransmisiones televisivas del Bou en Corda del que tanto presumía el gobierno socialista en su fervorosa nota de prensa en 2017.
Finalmente, un apunte. El de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas al exponer recientemente que «si aún no podemos ver a los animales como seres vivos que sufren y padecen, qué poco hemos avanzado en nuestra cultura. Porque el maltrato a los animales ni es cultura ni es nada; es crueldad». Lo suscribe cada vez más gente... Pero lo desoye el Gobierno municipal ontinyentí.
